La otra cara del "motor": un empresariado fragmentado que no ha logrado cerrar las brechas de desigualdad ni mitigar los conflictos sociales

El mismo sector que se describe como "unido" representa, en la práctica, una diversidad de intereses no siempre alineados con la inclusión o el desarrollo nacional equitativo.

La "Unidad" Frente a la Fragmentación Real

• La narrativa original: Se destaca la "unidad del sector privado" como una fortaleza clave para resistir las crisis.

• La otra cara: Esta "unidad" es un espejismo. El sector está profundamente fragmentado entre un pequeño grupo de grandes corporaciones y una abrumadora mayoría de micro y pequeños empresarios que operan en la informalidad. Mientras las élites empresariales pueden hacer oír su voz, el 71% de los trabajadores peruanos se encuentran en la informalidad, un sector que carece de la misma "capacidad de adaptación" y cuyo mayor lastre es la falta de acceso a crédito, contratos y seguridad social.

Crecimiento del PBI vs. Desigualdad Persistente

• La narrativa original: Se destaca la "capacidad de adaptación" del empresariado para mantener la economía a flote. La preocupación central es la estabilidad política para no "afectar el empleo y el crecimiento".

• La otra cara: El artículo elude mencionar que la resiliencia y el crecimiento económico han coexistido con una desigualdad extrema. Perú es uno de los países más desiguales de Sudamérica, donde el 10% más rico concentra el 59% de los ingresos nacionales. Este dato es la contrapartida de un crecimiento que no se traduce en bienestar para todos, evidenciando que la "unidad" del sector privado no ha sido eficaz para construir un modelo económico inclusivo.

Los Conflictos como Telón de Fondo

• La narrativa original: Se mencionan las "protestas sociales" y la "inseguridad ciudadana" como factores externos que amenazan al empresariado.

• La otra cara: La narrativa omite la responsabilidad directa que ciertos sectores empresariales tienen en la generación de conflictos. Para diciembre de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 204 conflictos sociales, de los cuales el 49.5% eran de tipo socioambiental, principalmente vinculados a la actividad minera. Lejos de ser un actor pasivo, el empresariado extractivo es a menudo una de las partes centrales en disputa.

En resumen, la imagen de un empresariado unido que impulsa la economía es una verdad a medias. Omite que el "motor" beneficia de manera desproporcionada a una cúpula, mientras millones de peruanos quedan al margen. Una deuda de USD 7,899 millones, la gestión de 204 conflictos sociales activos y una informalidad laboral del 71% son asuntos tan estructurales como la inflación, y su omisión en la narrativa pública es, en sí misma, un acto político.