Jueza de Bolivia anula orden de captura a Evo Morales

La fiscalía había dispuesto en octubre la detención del líder indígena de 65 años. Desde entonces se refugió en la región cocalera del Chapare, donde sus seguidores montaron un dispositivo de vigilancia para impedir su aprehensión.

Una jueza de Bolivia dejó este miércoles sin efecto la orden de captura y la investigación penal contra el exmandatario Evo Morales por trata de personas, a raíz de un caso relacionado con el presunto abuso de una menor cuando era presidente.

La fiscalía había dispuesto en octubre la detención del líder indígena de 65 años, quien desde entonces se refugió en la región cocalera del Chapare, donde sus seguidores montaron un dispositivo de vigilancia para impedir su aprehensión.

Después de casi siete meses, la jueza penal Lilian Moreno anuló el mandato de arresto, así como «todos los actos procesales e investigativos» contra Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019.

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«Se deja sin efecto cualquier auto de rebeldía y mandamiento de aprehensión judicial que pese sobre» Morales, señalan apartes de la sentencia divulgados por la defensa y medios bolivianos. El fallo es de primera instancia y aún puede ser revisado por un tribunal superior. Aun así supone un alivio para Evo Morales.

«Después de mucho tiempo siento que llegó la justicia. La lucha inclaudicable» siempre da «buenos frutos», reaccionó el exmandatario en la red social X. En una reciente entrevista con la AFP, antes de conocerse este fallo, Morales aseguró que romperá su confinamiento e irá a mediados de mayo con sus seguidores hasta La Paz para inscribir su candidatura para las elecciones generales del 17 de agosto.

Según la Fiscalía, Morales mantuvo en 2015 una relación con una adolescente de 15 años con quien tuvo una hija un año después. El político fue investigado en 2019 por este mismo caso. Bajo el delito de estupro, que implica acceso carnal con un menor de entre 14 y 18 años. Pero el expediente se archivó en 2020. En 2024, se abrió una nueva investigación en la fiscalía de Tarija, en el sur de Bolivia, en la que se denunció una presunta trata.