¿Fraude o decadencia institucional? El Perú frente a una democracia que pierde legitimidad

Una vez más el Perú vuelve a caminar sobre el mismo terreno peligroso: la desconfianza. Las elecciones generales del 2026 celebradas el pasado domingo 12 de abril, lejos de convertirse en una fiesta democrática como solían llamarla y por consiguiente en una oportunidad para recuperar estabilidad política e institucional, han terminado abriendo nuevamente un debate incómodo pero inevitable: ¿el país enfrenta un problema de fraude electoral o un colapso de incompetencia dentro del sistema electoral peruano?
La pregunta no es exagerada. Tampoco nace de teorías conspirativas aisladas mucho menos de apoyar el argumento de un partido político. Surge de un contexto concreto: muchas irregularidades administrativas denuncia penal de la procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en contra del en ese momento jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a otros cuatro funcionarios, por atentar contra el derecho al voto de aproximadamente 63 mil personas debido a las deficiencias en la entrega de material electoral en 211 mesas de sufragio a nivel nacional durante las elecciones generales de este 12 de abril, lo cual tuvo como resultado la renuncia de Corvetto a pesar de que su cargo es “irrenunciable durante el proceso electoral” sin embargo dicha renuncia fue aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y una creciente sensación ciudadana de que el sistema electoral peruano dejó de transmitir transparencia y tranquilidad.
El resultado de toda esta desgracia es que hasta la fecha más de un millón de votos quedaron bajo revisión debido a inconsistencias y actas observadas, mientras distintos sectores denunciaban irregularidades y exigían auditorías técnicas.
En cualquier democracia seria, una elección debe producir un resultado claro y legítimo. Pero en el Perú ocurre exactamente lo contrario: cada proceso electoral termina convirtiéndose en una guerra política, jurídica y mediática donde la mitad del país siente que algo extraño ocurrió. Y cuando esa percepción se vuelve permanente, el problema deja de ser electoral y se convierte en una amenaza para la estabilidad democrática del país.
El gobierno, los organismos electorales y ciertos sectores políticos insisten en repetir que “no existe evidencia de fraude”. Probablemente tengan razón en términos estrictamente jurídicos. Incluso observadores internacionales señalaron no haber encontrado pruebas concluyentes de manipulación electoral. Pero el problema de fondo no desaparece. Porque una democracia no se sostiene únicamente con tecnicismos legales; se sostiene sobre confianza ciudadana. Y esa confianza hoy está rota.
La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones parecen no entender que el Perú atraviesa una crisis de legitimidad acumulada. La ciudadanía ya no cree automáticamente en las instituciones. Después de años de corrupción, inestabilidad presidencial y política al tener ocho presidentes en diez años, enfrentamientos políticos y colapso de la seguridad ciudadana, el peruano común observa cualquier irregularidad con sospecha, y esto cada vez se vuelve en indignación colectiva ante la impotencia de no tener solución de nuestras autoridades.

Y más aún cuando las autoridades electorales, en lugar de responder con contundencia y transparencia absoluta, muchas veces terminan reaccionando tarde, con mensajes burocráticos y sin capacidad política para contener la indignación pública.
Como la propuesta del JNE a una auditoria informática integral a la primera vuelta electoral sin establecer plazos ni fecha de inicio y mucho menos condicionar el avance a la segunda vuelta, con lo cual se estaría legalizando cualquier irregularidad que se pueda demostrar en las conclusiones de dicha auditoria y como siempre todos los peruanos pagamos los platos rotos, y esta vez seria un castigo demasiado injusto para todos los peruanos ya que seriamos condenados a tener por 5 años un gobierno totalmente ilegitimo.
Pero todo lo ocurrido durante las elecciones generales del 2026 no es solo producto de esta última elección es consecuencia de ese desgaste institucional. Que nunca antes habíamos visto en el país, que en medio de las elecciones generales se realicen investigaciones fiscales y allanamientos al jefe de la ONPE en medio de todas las controversias electorales. Y aunque ello no constituye prueba de fraude, sí demuestra el nivel de deterioro de la credibilidad institucional. En un país normal, la autoridad electoral debería representar estabilidad y confianza. En el Perú, hoy representa polémica y sospecha y si reproducciones las opiniones del ciudadano de a pie muchas otras cosas más.
Sin embargo, el problema no empezó en el 2026. Existen antecedentes que explican perfectamente por qué millones de peruanos sienten que el sistema electoral viene funcionando con graves niveles de improvisación e ineficiencia. Recordemos que uno de los casos más escandalosos ocurrió durante las elecciones regionales y municipales del año 2022 en el distrito de Lince.
En aquel proceso, el candidato de Avanza País a la alcaldía distrital de Lince, Luis Ernesto Flores Reátegui, (su humilde servidor) denunció públicamente que el logo de su candidatura no apareció en las cédulas de votación. La propia prensa nacional reconoció que la omisión efectivamente ocurrió y que el caso terminó generando pedidos de nulidad electoral, la cual en primera instancia se logro anular las elecciones distritales sin embargo el JNE con su ex presidente Salas Arenas en una segunda instancia decidieron de manera subjetiva no obedecer la ley con lo cual las elecciones fueron normalizadas a pesar de la enorme irregularidad.
Pero más allá de las explicaciones técnicas, jurídicas o lógicas, el daño político ya estaba hecho y no se pudo en su momento hacer nada para corregirlo. Y es por esta clase de decisiones de las autoridades electorales que la sensación de la ciudadanía es clara: un candidato fue perjudicado por negligencia del propio sistema electoral y no paso nada, no hubo culpables ni responsables, y casos de este tipo ocurren a nivel nacional, mucho más en el Perú profundo donde los reclamos muchas veces no son escuchados.
Y aquí aparece la pregunta incómoda que nadie quiere responder: ¿cuántos errores puede soportar una democracia antes de perder legitimidad?
Algunos minimizaron lo ocurrido en Lince diciendo que se trató de un “simple error administrativo”. Grave error político. En el Perú, los símbolos partidarios son fundamentales dentro de una elección. Mucha gente vota identificando logos antes que nombres completos. Omitir un símbolo no es un detalle menor. Es alterar las condiciones de competencia electoral. Y aunque pueda explicarse técnicamente, resulta imposible negar que ese hecho dañó la percepción de imparcialidad del proceso electoral distrital en Lince el 2022.
Pero en realidad mirando hacia el pasado todo lo sucedido no es lo más preocupante. Lo mas preocupantes fue y sigue siendo que en el caso de Lince jamás fue asumido políticamente con la gravedad necesaria. No hubo una autocrítica contundente. No hubo responsables visibles. No hubo una reforma inmediata para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. El sistema simplemente siguió funcionando como si nada hubiese pasado, Piero Corvetto siguió como jefe de la ONPE y hoy el Perú está pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad institucional acumulada.
Porque el verdadero problema del sistema electoral peruano quizás no sea un fraude organizado. Tal vez sea algo igual de peligroso: la normalización de la ineficiencia, o peor aun el silencio político porque ese acto irregular no le afectaba a los intereses de los demás partidos políticos, ahora después de 4 años vemos las consecuencias de dicha inacción.
Por eso uno de los mayores problemas en el Perú es contar con un sistema electoral débil, improvisado y burocrático puede terminar destruyendo la legitimidad democrática incluso sin necesidad de manipular votos. Cuando las autoridades reaccionan tarde, cuando existen errores graves en materiales electorales, cuando aparecen miles de actas observadas o cuando los resultados se retrasan durante semanas, la percepción ciudadana inevitablemente empieza a deteriorarse y se comienza a escuchar por todo el Perú cada vez mas fuerte la palabra fraude, y esto no es cuestión de ideología o mucho menos afinidad política es una sensación que crea cada día en todos los peruanos.
Y en esto hay que ser claros aquí no hay espacio para tibios la percepción del ciudadano de a pie importa. Mucho más de lo que algunos tecnócratas creen.
La democracia moderna no puede sostenerse únicamente sobre argumentos legales. Necesita credibilidad política. Necesita instituciones fuertes. Necesita autoridades capaces de transmitir tranquilidad y legitimidad. Hoy el Perú no tiene nada de eso. Tiene organismos electorales cuestionados, políticos enfrentados y una ciudadanía agotada de vivir permanentemente en crisis.
Por eso resulta irresponsable intentar reducir toda crítica electoral a “teorías golpistas” o “ataques antidemocráticos”. La verdadera amenaza para la democracia peruana no es que los ciudadanos cuestionen. La verdadera amenaza es que las instituciones hayan perdido la capacidad de generar confianza.
El país necesita una reforma electoral profunda y urgente. Auditorías técnicas independientes, transparencia total en los sistemas informáticos, fiscalización ciudadana permanente y protocolos mucho más rigurosos. El Perú no puede seguir entrando a cada elección bajo sospecha y salir de ella más dividido que antes.
La peor respuesta frente a esta crisis sería el silencio institucional o la soberbia política. Porque cuando millones de ciudadanos sienten que algo no funciona correctamente, ignorarlos solo profundiza el problema.
Tal vez el Perú no enfrente un fraude electoral. Tal vez lo que enfrenta es algo igual de destructivo: un sistema electoral debilitado por errores, improvisación y pérdida progresiva de legitimidad. Y eso también puede terminar destruyendo una democracia.
Porque al final, una elección no se gana solamente contando votos. Una elección se legitima cuando el país entero siente que el proceso fue limpio, transparente y justo. Y hoy, lamentablemente, el Perú está muy lejos de sentir eso.