Fracaso regional

Que ocho regiones no hayan invertido ni el 10% de sus recursos asignados a proyectos de salud —según dio cuenta Perú21 en su edición del miércoles— luego de más de siete meses de haber asumido los cargos, es un crimen. Y peor aún si consideramos que, en algunas de estas jurisdicciones, epidemias como el dengue y el Guillain Barré continúan atacando a la población.

A estas alturas ya no resulta creíble ni justificable alegar que la baja inversión es consecuencia directa de la inexperiencia, por ser el primer año de las autoridades en el cargo. Se trata de un inocultable, grave problema de gestión.

Exministros de Salud como Abel Salinas y Óscar Ugarte, por ejemplo, han dicho que el gobierno central debería asumir una mayor responsabilidad, acompañando y asesorando a las regiones, por ejemplo, en la ejecución de sus presupuestos, especialmente en rubros en los que hay políticas de Estado de por medio, como Salud y Educación. Dos sectores en los que además de las carencias administrativas, tampoco se deberían prestar para manoseos políticos.

No les falta razón, por supuesto, pero para intentar cambiar completamente esta historia, que se repite cual pesadilla recurrente cada vez que se destapa un escándalo en las administraciones regionales, hace falta unir voluntades políticas y que tanto el Ejecutivo con el Legislativo se aboquen a reformular lo que ya es un proyecto descentralizador fallido.

Nadie ignora que, de momento, con la creciente lumpenización de la cada vez más atomizada clase política peruana esto es casi una quimera. No obstante, para tomar cartas en el asunto no debería ser necesario esperar otros veinte años o que más expresidentes o exfuncionarios de gobiernos regionales sigan desfilando enmarrocados rumbo a las cárceles que les corresponde (si es que, para eludir a la justicia, no lograron convertirse antes en congresistas, se entiende).

Desde principios de año Perú21 ha hecho eco de voces con autoridad en la materia que han expresado con solidez la necesidad de replantear todo el esquema descentralizador. Quizás haya llegado el momento de que las instancias de decisión tomen el tema con sentido de prioridad, pues ya no solo es insostenible como proyecto: está también afectando la credibilidad de nuestra democracia, con lo cual las fuerzas centrífugas que la jalonean terminan llevando agua para los molinos del extremismo ­–sea cual sea su sino político– y los antisistema.