Elecciones 2026: CONOCIDO streamer lanza insultos racistas contra votantes de Roberto Sánchez tras resultados electorales

El streamer Christopher Puente, también conocido como "Cristorata" se encuentra en medio de una grave controversia legal tras proferir insultos de corte racista contra los ciudadanos que respaldaron al candidato Roberto Sánchez. El hecho ocurrió durante un reciente stream en vivo.

El influencer chiclayano utilizó términos sumamente ofensivos y calificativos denigrantes que han sido interpretados como un claro acto de discriminación étnico-racial. Este comportamiento ha provocado que diversos sectores de la sociedad civil exijan una sanción penal inmediata.

De acuerdo con las leyes vigentes, estas expresiones no solo dañan la integridad de las personas, sino que constituyen un delito tipificado en el Código Penal. La reincidencia del creador en este tipo de conductas agrava su situación ante la justicia.

Reacciones políticas ante expresiones de odio

La ex premier Mirtha Vásquez se pronunció con firmeza exigiendo que las autoridades actúen de oficio frente a estas conductas lesivas. Según la abogada, no se puede permitir que personajes públicos promuevan el racismo con total impunidad ante jóvenes.

Vásquez utilizó sus redes sociales para señalar que "en el Perú, la discriminación por procedencia o ideología es un DELITO". Sus declaraciones apuntan a que figuras mediáticas deben asumir la responsabilidad legal por el impacto negativo de sus mensajes emitidos.

Además de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura tomaría el compromiso con la vigilancia ciudadana. Según el documento oficial, se exhorta a los creadores de contenido a ejercer un uso responsable del lenguaje en sus diversas plataformas digitales.

Graves consecuencias legales por discriminación racial

El marco jurídico peruano establece sanciones severas para quienes cometan actos de exclusión o insultos basados en el origen. Según el Código Penal, Cristopher Puente Viena podría enfrentar penas privativas de la libertad por vulnerar la dignidad de los ciudadanos.

Las investigaciones preliminares determinarán la gravedad de los ataques verbales realizados en el canal "Cristorata7". El Ministerio Público analizará la evidencia digital para aplicar el castigo correspondiente por el presunto delito de discriminación racial en agravio de votantes.

Finalmente, el caso de Cristorata evidencia la urgencia de erradicar el racismo en la esfera pública y digital. Las autoridades y la Fiscalía Penal Especializada buscan frenar el avance de discursos que normalicen la discriminación racial contra los peruanos.

Esto pone nuevamente en debate la responsabilidad de los influencers peruanos. La libertad de expresión no justifica el empleo de insultos racistas ni el desprecio hacia la identidad de los votantes de Roberto Sánchez.