El Perú necesita conservar su mar sin renunciar al desarrollo

Por Armando Martín Barrantes Martínez. Magister en Gerencia Social PUCP.

El Perú es un país históricamente vinculado al mar. Desde la pesca artesanal hasta la industria anchovetera, pasando por los puertos, la exportación y la alimentación nacional, el litoral peruano ha sido una de las principales fuentes de empleo, riqueza y desarrollo económico del país. Por ello, el debate sobre la prohibición de la pesca industrial en Áreas Naturales Protegidas (ANP) no puede analizarse únicamente desde una mirada ambiental abstracta, sino también desde la realidad económica y social peruana.

En los últimos años, diversas organizaciones ambientalistas y ONG han impulsado propuestas para prohibir totalmente la pesca industrial dentro de determinadas reservas marinas. Aunque estas iniciativas parten de preocupaciones legítimas sobre la conservación ambiental, muchas veces terminan planteando soluciones simplistas para un problema profundamente complejo. El Perú no puede construir políticas públicas únicamente desde el activismo o la presión mediática; necesita decisiones equilibradas, técnicamente sustentadas y compatibles con su realidad nacional.

Nuestro país posee una de las pesquerías más importantes del mundo. La anchoveta peruana, por ejemplo, representa un recurso estratégico que genera exportaciones, empleo formal y actividad económica en múltiples regiones costeras. Detrás de la pesca industrial no existen solamente grandes empresas, como suele presentarse en redes sociales, sino también trabajadores portuarios, transportistas, técnicos, plantas procesadoras, cadenas logísticas y miles de familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad.

Además, el Perú no es un país desarrollado que pueda darse el lujo de paralizar sectores económicos estratégicos sin evaluar consecuencias sociales. Seguimos enfrentando problemas de pobreza, informalidad, desempleo y desigualdad territorial. En ese contexto, debilitar una actividad formal y regulada puede generar más perjuicios que beneficios si no existe evidencia técnica clara que justifique medidas extremas.

Eso no significa ignorar la importancia de la conservación ambiental. Por el contrario, el Perú necesita proteger seriamente sus ecosistemas marinos. La riqueza biológica del mar peruano constituye una ventaja estratégica y una responsabilidad intergeneracional. Sin embargo, proteger no equivale necesariamente a prohibir todo. La propia legislación peruana reconoce que las Áreas Naturales Protegidas no son homogéneas y que algunas permiten actividades económicas compatibles con los objetivos de conservación mediante zonificación, monitoreo y manejo sostenible.

De hecho, el país ya cuenta con mecanismos técnicos importantes. Existen vedas, cuotas de captura, monitoreo satelital, fiscalización multisectorial y regulación científica a través de instituciones especializadas como IMARPE. Estos instrumentos pueden y deben fortalecerse, pero evidencian que el Perú ya posee un modelo de administración pesquera basado en criterios técnicos y no únicamente políticos.

Otro aspecto importante es la seguridad jurídica. El Perú necesita atraer inversión y generar confianza institucional. Cuando se plantean prohibiciones generales que pueden afectar derechos previamente otorgados, se transmite un mensaje de incertidumbre que termina perjudicando no solo a un sector económico, sino al clima de inversión del país en general. Ninguna economía crece sostenidamente si las reglas cambian constantemente por presión política o mediática.

Asimismo, debe evitarse la idea de que empresa y conservación son enemigos naturales. Esa visión pertenece a debates antiguos y polarizados. En las economías modernas, el desarrollo sostenible implica precisamente compatibilizar actividad económica con protección ambiental. La tecnología, la trazabilidad, los controles y la innovación ambiental muchas veces provienen del propio sector formal, que tiene capacidad de inversión y obligación de cumplir estándares nacionales e internacionales.

El Perú necesita evitar dos extremos: el extractivismo irresponsable y el prohibicionismo absoluto. Ambos pueden ser perjudiciales. El primero pone en riesgo los recursos naturales; el segundo puede debilitar el crecimiento económico, aumentar la informalidad y afectar miles de empleos sin garantizar necesariamente mejores resultados ambientales.

Por ello, la discusión nacional debería orientarse hacia una pregunta más seria y responsable: ¿cómo fortalecer una pesca sostenible que permita conservar el mar peruano y, al mismo tiempo, mantener desarrollo, empleo e inversión para el país?

La respuesta no está en enfrentar artificialmente ambiente contra empresa. La respuesta está en construir un Perú capaz de proteger sus recursos naturales sin renunciar al progreso económico que millones de peruanos todavía necesitan.