El expediente oculto: Oro, poder y los secretos del político Jorge Paredes Terry

El socio político del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez y del líder etnocacerista Antauro Humala es investigado por lavado de activos proveniente de la minería ilegal.

Redactado por:
Carlos Neyra – [email protected]

Investigación, Política
Un informe encarpetado por meses en la Dirila revela una intrincada red que une la política radical, las protestas contra el Reinfo y fortunas sin justificar bajo la sombra de la minería ilegal.

Durante siete meses, sepultado en el fondo oscuro de un cajón de escritorio, permaneció un secreto de 82 páginas. Se trataba de un expediente minuciosamente articulado por agentes de inteligencia de la Dirección de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional del Perú. En sus folios se detalla una trama sombría: los presuntos nexos del exmilitante nacionalista y excandidato al Senado por el partido Podemos Perú, Jorge Paredes Terry, con operaciones de blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal que ascendía a 14 millones de dólares aproximadamente.

El documento fue culminado en julio de 2025. Sin embargo, por razones que hoy entran en una severa revisión, altos oficiales de la gestión anterior ordenaron que fuera encarpetado, congelando una línea de investigación de alta sensibilidad. Ha sido la nueva conducción de la Dirila la que, al remover los archivos relegados, rescató este y otros legajos autorizados originalmente por la dirección de inteligencia.

El objetivo de estas pesquisas era claro: rastrear a los dirigentes mineros que, en junio pasado, se congregaron en las inmediaciones del Congreso de la República para exigir de forma incondicional la ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Protesta y vehículos de lujo

La crónica de esta investigación policial se encendió en las calles. En su esfuerzo por disuadir y mapear las manifestaciones frente a la sede del Legislativo, la policía identificó a los cuadros que coordinaban, financiaban e instigaban la continuidad de las protestas.

En medio de ese escenario convulso fue divisado el sociólogo Jorge Paredes Terry. No solo destacaba por su liderazgo, sino por un detalle que rompió cualquier perfil de austeridad gremial: se desplazaba al volante de una camioneta del año de alta gama.

Al profundizar el rastreo analítico, los agentes detectaron un tejido de vínculos societarios que lo conectaban de manera directa con el exalcalde de las filas fujimoristas de Parcoy, Francisco Zavala Franco, investigado por lavado de activos derivados de la extracción ilegal de oro.

Conexiones de alto voltaje

El informe de inteligencia pone de relieve dos acontecimientos cardinales que aceleraron las sospechas sobre el político.

El primero se remonta al 13 de febrero de 2025. Aquel día, Paredes Terry se reunió con el jefe de inteligencia y responsable de las operaciones especiales de los Valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), el general de división EP Francisco Costa Gallegos, encargado de combatir a los remanentes terroristas de Sendero Luminoso acantonados en Vizcatán.

El motivo del encuentro, según el reporte oficial de visitas, fue “Reunión de trabajo”, e ingresó identificándose como miembro de la Asociación Catari, una entidad a la que asesora para reclamar supuestos derechos mineros que le pertenecerían a las comunidades campesinas.

Paredes ingresó acompañado de Daniel Del Pozo Centurión, quien se identificó como miembro de la compañía Infinite Communications S.A. Esta empresa se ha adjudicado, desde su creación, 14 licitaciones con el Estado por un monto de S/ 9.807.939.

Lo que llama la atención son los once contratos otorgados por la Policía Nacional para el servicio de transporte de datos con enlaces de fibra óptica para sus cámaras de vigilancia, así como el servicio de interconexión de datos VPN para el sistema de comunicación Tetra, según se aprecia en los reportes publicados en el portal del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

Este cruce de caminos no es aislado en la biografía del investigado. Los analistas policiales recuerdan que en el año 2015, tras dejar el Partido Nacionalista, Paredes conformó la agrupación Patria Para Todos con miras a las elecciones de 2016. Aquel proyecto se gestó con el soporte de Manuel Fajardo, quien en ese entonces ejercía la defensa legal del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso. La organización política jamás logró obtener su inscripción formal, un hecho documentado en su momento por el diario El Comercio.

Posteriormente, en el 2016, fue candidato a la vicepresidencia de la República por Perú Libertario, el embrión de lo que hoy se conoce como Perú Libre, liderado por el hoy prófugo Vladimir Cerrón.

Precisamente, en octubre de 2025, la fiscalía logró que el Poder Judicial dictara el auto de enjuiciamiento para pasar a juicio oral contra Cerrón por el delito de afiliación al terrorismo. Según la acusación fiscal, el cabecilla senderista Víctor Quispe Palomino habría organizado una cita en agosto de 2017 en Vizcatán del Ene con Cerrón, buscando expandir los tentáculos del Militarizado Partido Comunista del Perú que opera en el VRAEM.

Alianzas en el tablero radical

Paredes Terry jamás ha camuflado sus simpatías ideológicas más extremas. Actuó como asesor directo en la estructuración del partido de Antauro Humala, mientras el líder etnocacerista purgaba condena en prisión por ser el responsable de la muerte de cuatro policías en el denominado ‘Andahuaylazo’.

La alianza no ha sufrido fisuras con el tiempo. El pasado 19 de mayo, el propio Paredes difundió una fotografía reciente junto a Humala con un mensaje explícito: “Dialogando! Con el líder del Andahuaylazo, compatriota Antauro Humala”.

En el panorama actual, tanto Humala como Paredes Terry vienen respaldando activamente la campaña de segunda vuelta de Roberto Sánchez Palomino, líder del partido político Juntos por el Perú. Muestra de ello fue el mitin político que el exnacionalista organizó el domingo último en las instalaciones del complejo Acobamba, ubicado en el distrito de Ate.

La danza de empresas

Más allá de las movedizas arenas de la política, el flanco más vulnerable de Paredes Terry se ubica en los registros públicos y financieros. El político y su entorno familiar registran signos exteriores de riqueza que, según las autoridades, no tendrían cómo sustentar.

Paredes Terry fue registrado conduciendo una camioneta nueva marca Toyota, adquirida por la empresa Joyma Consultores S.A.C., la cual constituyó junto a su esposa, Mayra Vásquez, aportando un modesto capital social de S/ 4.000. De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), esta sociedad no registra actividad comercial ni financiera desde su fundación en el 2023. Sin embargo, pagaron 31.390 dólares al contado por dicho vehículo en el 2024 y, apenas dos meses después, desembolsaron de la misma forma (al cash) de 29.900 dólares para comprar una segunda camioneta Ford, modelo Territory.

Los antecedentes mercantiles sospechosos se remontan a 2018, cuando el exnacionalista constituyó ante la Sunarp de Trujillo la sociedad Compañía Minera Aurífera Chinchupata S.A.C. junto al exalcalde fujimorista de Parcoy, Francisco Zavala Franco, y el hijo de este, Helder Zavala Fernández.

Con un capital social de S/ 10.000, Paredes asumió los cargos de miembro del directorio y gerente general. No obstante, la estructura funcionó como una pasarela: permaneció en el directorio solo un mes para dar paso a Yescenia Zavala (hermana del exalcalde). Lo propio ocurrió con la gerencia, la cual transfirió a su esposa Mayra Vásquez, quien un mes más tarde renunció para cederle el control absoluto a la hermana de Zavala.

Transcurrido un año de su creación, la compañía minera aumentó su capital social en S/ 90.000 mediante la supuesta capitalización de utilidades obtenidas en su primer ejercicio. El dato que encendió las alarmas de los peritos financieros fue la adquisición de una imponente flota de volquetes y camiones valorizada en varios millones de soles.

A estos vehículos nuevos se les alteraron de forma deliberada partes del chasis y los colores de las carrocerías originales de fábrica; modificaciones mecánicas mayores que carecen de toda explicación comercial lógica.

Es este el núcleo penal que llevó a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos a abrir una investigación formal contra el exalcalde Zavala y la Compañía Minera Aurífera Chinchupata S.A.C., empresa que explota activamente la concesión minera CONDORSE 05 en el convulso distrito de Parcoy.

OCR buscó los descargos de Jorge Paredes Terry, quien sostuvo sobre las indagaciones realizadas por la policía: “Niego tajantemente que mi familia y yo, estemos involucrados en algún tipo de delito de ese nivel. Estamos tranquilos, nuestro bienes y patrimonios han sido obtenidos de forma lícita. No tenemos ningún tipo de vinculo en absoluto [hace referencia a la minería ilegal]”.

Sobre la sociedad que constituyó con su esposa, señaló: “Joyma Consultores tiene varios años y no tiene ningún tipo de problema. Trabajamos con muchas comunidades, tenemos contratos y no es ninguna empresa ilegal”.

Respecto de la compañía minera Chinchupata, dijo: “Estuve como socio aproximadamente dos meses y renuncié. La Fiscalía investigó y ya he hice mis descargos”. Destacó que el exalcalde fujimorista Francisco Zavala es su familiar.

Sobre la visita al jefe de inteligencia del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC): “Fui como asesor de las rondas campesinas de Pataz, dejamos un documento a pedido de las rondas […] para que puedan capacitar a las rondas”. Negó haberse reunido con el jefe de inteligencia del CIOEC, enfatizó que fue recibido por una oficial.

Respecto de Daniel Del Pozo, precisó: “Esa persona se acercó como profesional y forma parte de la implementación a las rondas campesinas de Pataz, sólo llevamos documentos”.

Una fuente de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos comentó a OCR que han devuelto a la Dirila varios informes en los que se solicitaba autorizar la apertura de una investigación preliminar. Sin embargo, los pedidos fueron denegados debido a que los investigados coincidentemente transfirieron sus bienes muebles e inmuebles luego de que se iniciara la indagación policial.