Ejecutivo promulga oficialmente ley para fiscalizar financiamiento de las ONG

El Ejecutivo promulgó la modificación de la Ley N° 27692, que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con el objetivo de reforzar la fiscalización de los fondos recibidos por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Un día antes, la presidenta de la República calificó la medida como un "paso firme y decidido" en favor de la transparencia.

"Ley anti-ONG" publicada en El Peruano

La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano y establece que se busca "fortalecer el trabajo de la APCI y contribuir con la transparencia y la supervisión de los recursos recibidos por las entidades que gestionan cooperación técnica internacional no reembolsable".

"El control y la fiscalización son prerrogativas fundamentales de un Estado constitucional, soberano y democrático, basado en la legalidad, donde no existen zonas libres ni espacios exentos del escrutinio público", manifestó la mandataria, al referirse a las nuevas funciones que otorgará la ley.

¿Qué implica esta ley?

La norma dispone que todas las organizaciones receptoras de fondos internacionales deberán informar sobre el destino de dichos recursos. Además, tendrán que sustentar y registrar planes, proyectos, programas y gastos en un sistema público, accesible a las autoridades.

ONGs advierten posible demanda ante la Corte IDH

Diversas voces del ámbito civil han reaccionado a la promulgación. Desde la Asociación Nacional de Centros, Eduardo Cáceres advirtió que esta ley no es una medida aislada, sino que estaría vinculada a otras acciones con tinte autoritario.

"Somos muy conscientes de que esta no es una medida aislada. Esto no es simplemente un exabrupto de un grupo de congresistas o de una presidenta desesperada, sino que está entrelazado con otras medidas y con sectores afines a una concepción autoritaria", declaró.

Agotarán vías legales antes de acudir a instancias internacionales

Cáceres también precisó que las organizaciones agotarían primero los procedimientos internos antes de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"Dependerá de las instancias del Poder Judicial tomar las decisiones que permitan abrir un espacio para que esto se procese y no se imponga la arbitrariedad (...) Como es nuestro derecho, por supuesto que sí. Pero primero hay que agotar los procedimientos internos", subrayó.

De esta manera, el Ejecutivo oficializó la promulgación de la denominada ley "anti-ONG", mientras que las organizaciones afectadas evalúan medidas legales y no descartan acudir a instancias internacionales para frenar su implementación.