Domingo Pérez solicitará que se lean las declaraciones de José Miguel Castro en juicio oral contra Villarán

El fiscal, José Domingo Pérez, informó que pedirá formalmente alPoder Judicial que se lean las declaraciones brindadas por José Miguel Castro, exgerente municipal que fue hallado sin vida el último domingo en su vivienda, en el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Según el miembro del Equipo Especial Lava Jato, "la ley faculta" esta medida. 

Castro declaró durante la etapa de investigación del proceso, siendo su aporte muy importante por tener información de los presuntos aportes ilícitos vinculados a la campaña de no revocatoria de Susana Villarán. 

 "No está la presencia del señor Castro Gutiérrez, actualmente, pero se va a tener que solicitar que se lean las declaraciones que él ha brindado en el desarrollo de la investigación", indicó el fiscal en el programa Beo Noticias. 

El fiscal aseguró, que desde el Ministerio Público van a procurar que las declaraciones brindadas por el fallecido candidato a colaborador eficaz sean admitidas. Sobre todo, porque lo indicado por Castro, coincide con la versión que está formulando la fiscalía contra Villarán y otro de los acusados.

Castro visitó la fiscalía antes de ser hallado sin vida 

Domingo Pérez también comentó que, el último martes 24 de junio, José Miguel Castro había acudido al Ministerio Público para reunirse con una de las fiscales que están a cargo de la carpeta de colaborador eficaz, pues aún estaba en trámite. Aseguró que en dicha visita no manifestó alguna situación de riesgo, temor o amenaza.

Cabe señalar, que el proceso de colaboración eficaz del que fue la mano derecha de Susana Villarán inició en 2019 y debía finalizar el 12 de julio de este año.  

Según el fiscal Pérez, Castro tuvo muchos abogados, y ello habría demorado el proceso, pues la modificada Ley de Colaboración Eficaz obliga a que las actuaciones con el MP se den en presencia de su defensa legal.  

¿Quién era José Miguel Castro? 

Castro enfrentaba graves acusaciones, fue acusado por presuntamente recibir aporte de las constructoras OAS y Odebrecht para financiar las campañas del no a la revocatoria en 2013. En ese sentido, fue acusado de presunta corrupción y lavado de activos y se solicitaba un pedido de cárcel de hasta 25 años.  

Además, se encontraba bajo arresto domiciliario por disposición judicial, en el marco de las investigaciones por las que buscaba ser colaborador eficaz.  

Durante su participación en la etapa de investigación, proporcionó información sobre la estructura financiera empleada y detalló cuáles fueron los actores involucrados en el ingreso de dinero proveniente de empresas brasileñas.