Destacan firmeza de juezas y jueces del Perú y Ecuador en lucha contra la trata de personas en zona de frontera

*Janet Tello Gilardi cumplió diversas actividades en el Distrito Judicial de Tumbes, que cumplió 25 años de creación.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó la meritoria labor de las juezas y los jueces del Perú y Ecuador para sancionar con celeridad y rigor procesos por delito de trata de personas en la zona fronteriza de ambos países.

Ese trabajo está fortalecido con el Protocolo de Colaboración entre el Sistema Judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización del delito de Trata de Personas, aprobado en el 2021, consideró la autoridad judicial.

“Las juezas y los jueces somos instrumentos para producir cambios que permitan desterrar obstáculos, barreras y dificultades que durante años han mantenido a muchas personas en marginación, discriminación y violencia, sin acceso a la justicia en condiciones de igualdad”, remarcó.

Fue al brindar su discurso por el 25 Aniversario de la Corte Superior de Tumbes, jurisdicción adonde llegó acompañada del Consejo Ejecutivo de Poder Judicial (CEPJ) a cumplir una intensa jornada de actividades.

Tello Gilardi sostuvo que la Corte de Tumbes es uno de los pocos distritos judiciales a nivel de la región norte que, de manera denodada y en un esfuerzo conjunto con la administración de justicia ecuatoriana, combate, sobre todo, la trata de personas.

Este flagelo es un delito global en que son explotadas, a través de la captación, transportes, traslado, mediante amenaza, fraude o engaño, las personas vulnerables con fines lucrativos, situación que afecta principalmente a mujeres, niñas y niños.

Efectiva cooperación

Tello Gilardi resaltó el trabajo de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial del Perú para suscribirse el mencionado protocolo de colaboración, tras reuniones entre la Corte de Justicia del Oro, sede Machala (Ecuador), y la Corte de Tumbes.

El principal objetivo de este instrumento fue establecer una adecuada cooperación judicial entre las y los operadores de justicia, así como de los demás actores intervinientes en el proceso de investigación y judicialización de los delitos de trata en Ecuador y Perú.

El documento permite, asimismo, que las víctimas de trata tengan acceso a la justicia en condiciones de igualdad con los enfoques de derechos humanos, género, de las personas migrantes en las que son claras la condición de vulnerabilidad.

Así, recordó la labor del juez ecuatoriano Arturo Márquez Matamoros, que posibilitó la articulación entre ambos sistemas judiciales y dio como resultado el referido documento normativo y que hoy es una realidad.

“Este documento permite la celeridad en los procesos de trata en esta zona fronteriza, especialmente, evitando el abandono y la impunidad en los procesos judiciales contra este delito de trata de personas”, expresó Tello Gilardi.

La jueza suprema remarcó, al respecto, que se ha sostenido una última reunión entre los representantes del Perú y del Ecuador para fortalecer la lucha contra el referido flagelo.

Ello demuestra, remarcó, que cuando hay compromiso y voluntad es posible lograr resultados positivos, sobre todo cuando juezas y jueces aplican políticas, medidas y acciones dentro del marco jurídico de las 100 Reglas de Brasilia.

Esta guía es un conjunto de principios y recomendaciones adoptadas por los poderes judiciales de Iberoamérica para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

Cifras que alarman

De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata de niños y niñas y con fines de trabajo forzoso, así como la criminalidad forzada, están aumentando a medida que la pobreza, los conflictos y el cambio climático dejan a más personas vulnerables a la explotación.

El organismo internacional resalta que las mujeres y las niñas son la mayoría de las víctimas en todo el mundo (61% en 2022) y la mayoría de las niñas víctimas (60%) detectadas son víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en Perú, considera que las víctimas de trata, o de otros delitos graves (incluidas las violaciones a los derechos humanos al momento del tráfico) requieren protección internacional, por lo que tiene el mandato de protegerlas y de encontrar soluciones en su favor.

En la actualidad, Tumbes, que comprende tres provincias y trece distritos, con una frontera de aproximadamente 158 km, es el principal punto de entrada de personas desplazadas por la fuerza que ingresan al país y alberga alrededor de 25 mil provenientes de Venezuela.

Paz escolar en Tumbes

Cabe señalar que, como parte de la jornada de trabajo que cumplió en Tumbes, Tello Gilardi tomó juramento a un grupo de juezas, jueces y secretarios de paz escolar de las instituciones educativas San José, Virgen de Fátima, Juan Valer Sandoval.

También a los colegios Trigal, Efraín Arcaya Zevallos, San Pedro, así como Técnico 7 de Enero, ubicados en los distritos de Tumbes, Casitas, Corrales, Zarumilla y Cancas, por el periodo lectivo 2026-2027.

Los jueces y juezas de paz escolares, tras ser capacitados en conciliación escolar, desarrollan una labor trascendental para la convivencia pacífica en sus escuelas al promover la cultura de paz desde las aulas, indicó la magistrada.

“Ellos, junto a las orientadoras judiciales, son promotores de una cultura de paz que previene el bullying, la violencia y los conflictos tanto en la escuela como en la sociedad”, señaló Tello Gilardi.

Dato

El 26 de marzo del año 2001 se creó el Distrito Judicial de Tumbes y la Corte Superior de Justicia de Tumbes, decisión aprobada mediante Resolución de Sala Plena número 4-2001-SP-CS.

Posteriormente, el 3 de mayo del mismo año, se instaló oficialmente esta corte superior, siendo su primer presidente, Jorge Omar Santamaría Morillo.