¡Déjanos trabajar!

El dramático, pero a la vez enérgico pronunciamiento de la Asociación Pyme Perú a las autoridades políticas (Congreso, Ejecutivo y gobiernos subnacionales) para que unan esfuerzos y voluntades y pongan fin a la crisis política y a la ola de violencia debe ser escuchada. Es sabido que los extremistas que están haciendo que la protesta callejera derive siempre o casi siempre en actos vandálicos, paralizan a su paso las actividades económicas allí donde la violencia se descontrola. Todo ello repitiendo en sus consignas que se movilizan a nombre “del pueblo”, que destruyen en nombre de los que “menos tienen”, que apedrean presuntamente a quienes defienden “los grandes poderes fácticos”.

Sin embargo, como reza ese elocuente comunicado de las pequeñas empresas del Perú, el perjuicio que están causando los disturbios alcanza también a esos emprendedores que hacen empresa con capitales y comercios modestos. Emprendedores que a su vez dan empleo –inicialmente no siempre de calidad, lo sabemos, pero empleo al fin, así como posibilidades de salir de la pobreza o la informalidad– a otros tantos peruanos que lo necesitan. Hablamos de un sector económico que, junto con las microempresas, constituye más del 90% de la actividad empresarial y genera una inmensa cantidad de puestos laborales. De hecho, las cifras expuestas son catastróficas: casi dos millones de estos pequeños negocios están hoy en riesgo de quiebra. Y ni pensar en lo que estarán pasando las microempresas. Como explicó la presidenta de este gremio, Ana María Choquehuanca, en Puno, por ejemplo, una de las regiones de mayor pobreza en el país y una de las más afectadas por los desmanes, se acumulan, hasta el momento, pérdidas de 5.5 millones de soles en inversión pública diaria, que se suman a los 500 mil soles diarios que han dejado de ingresar a las micro y pequeñas empresas del rubro hotelero y turístico desde que la protesta se desviara a la violencia sistemática.

Es decir, al atacar propiedades públicas y privadas, poniendo en riesgo la integridad de ciudadanos civiles y uniformados, solo se están ahondando las graves falencias socioeconómicas que padecen los pobladores de la zona: informalidad, desempleo, miseria y desnutrición. Ya no se trata, pues, de daños colaterales. Estos son daños estructurales que tanto los congresistas renuentes a adelantar las elecciones como los manifestantes que se dejan llevar por los azuzadores deben detener ahora mismo.