Defensoría solicita al Tribunal Constitucional suspensión de Ley que penaliza a adolescentes de 16 y 17 años

En los últimos días, una ley aprobada por el Congreso de la República generó una gran polémica en gran parte de la opinión pública. Debido al incremento de los casos de extorsión y sicariato perpetradas por menores de edad, el Congreso de la República aprobó la ley que modifica el código penal y que ahora declara imputables a los adolescentes de 16 y 17 años.

Como era de esperarse, el dictamen genero opiniones encontradas en el ambiente político nacional. Por un lado, señalaron que la medida era la correcta ya que se castigaba a los menores que incurrían en hechos delictivos. Sin embargo, otra facción precisó que esto violaba los derechos fundamentales de los adolescentes al ser juzgados como un adulto más.

Defensoría del Pueblo exige al TC suspensión de ley que penaliza adolescentes

Tras unos días de su aprobación, la Defensoría del Pueblo emitió comunicado donde hizo público su pedido al Tribunal Constitucional para suspender esta ley de manera inmediata al considerar que vulnera el derecho a los adolescentes.

No solo ello, el organismo señala que la norma desestima una serie de acuerdos y tratados internacionales que el Estado está obligados a cumplir.

"Se advierte que dicha ley contraviene tratados internacionales suscritos por el Estado peruano, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, que establece la primacía de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional", indicaron.

Presentan medida cautelar ante el TC

De igual forma, la entidad indicó que, para que se detenga de manera inmediata los efectos de esta ley, se presentó ante el TC una medida cautelar excepcional mientras se debate más a fondo la derogatoria de esta normal en el Congreso de la República.

"Como medida para prevenir una afectación inminente e irreparable a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, la Defensoría del Pueblo ha solicitado, como medida cautelar excepcional y en concordancia con el marco normativo convencional vinculante, al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de los efectos de la Ley n.° 32330, hasta que se resuelva el fondo del proceso de inconstitucionalidad", añadieron.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo pidió al Tribunal Constitucional suspender de forma inmediata la ley aprobada por el Legislativo que penaliza a los adolescentes de 16 y 17 años que incurran en hechos criminales.