Cuestionan designaciones que comprometen el futuro nuclear

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La paradoja es notable: esta crisis no surge desde adentro de la institución, ni es producto del azar administrativo. Tiene un origen preciso y una responsabilidad identificable: las decisiones adoptadas desde el Ejecutivo.

Expertos indicaron a este diario que en los últimos dos años, el sector nuclear peruano había roto con largos periodos de estancamiento. El incremento presupuestal, la modernización de capacidades técnicas y el impulso de proyectos en radiofármacos, irradiación industrial, seguridad energética y descentralización tecnológica marcaron el inicio de una etapa distinta.

La promulgación de la ley que promueve la generación eléctrica de origen nuclear fue el punto de inflexión: el país comenzaba, por fin, a tratar la energía nuclear como herramienta concreta de desarrollo nacional, salud pública e industrialización.

Fue precisamente en ese momento de mayor potencial cuando desde el Ejecutivo se tomaron decisiones que comprometen seriamente ese futuro.La elección de autoridades sin trayectoria en el ámbito nuclear no fue un descuido burocrático: fue una decisión política.

Los especialistas señalan que el presidente encargado y el gerente general designados carecen del perfil técnico especializado que exige conducir una institución donde se operan reactores, se gestionan radioisótopos y se supervisa la seguridad radiológica. En cualquier organismo nuclear serio del mundo, esos cargos se cubren con científicos e ingenieros de carrera probada.

Más preocupante aún es la percepción de que estas designaciones responden, al menos en parte, a compromisos con sectores sindicales internamente cuestionados, cuyos dirigentes enfrentan procesos administrativos por presuntas irregularidades, corrupción y falsificación de firmas. Si esa percepción es correcta, el presidente de la República no solo habría ignorado el mérito técnico: habría subordinado una institución estratégica a lógicas de pago político. Eso no es gestión pública.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA INDELEGABLE

El Poder Ejecutivo tiene la facultad de designar a las más altas autoridades del IPEN. Esa facultad conlleva una responsabilidad proporcional. Cuando esas designaciones debilitan la gobernanza técnica de una entidad científica estratégica, la responsabilidad no recae en los designados: recae en quien los designó.El presidente de la República debe responder una pregunta concreta: ¿con qué criterios se eligió a las autoridades del IPEN? Si la respuesta involucra consideraciones políticas, sindicales o de conveniencia partidaria, el país tiene derecho a saberlo y a exigir una rectificación inmediata.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

El mundo atraviesa un renacimiento nuclear impulsado por la urgencia climática y la búsqueda de seguridad energética. Los pequeños reactores modulares, los radiofármacos de nueva generación y las aplicaciones industriales de la tecnología nuclear abren oportunidades que países como el Perú no pueden darse el lujo de desperdiciar. El IPEN podría ser, en las próximas décadas, uno de los pilares tecnológicos más importantes del país.

«El futuro nuclear del Perú no puede construirse sobre designaciones de conveniencia ni sobre compromisos sindicales de dudosa legitimidad. Debe edificarse sobre ciencia, mérito e institucionalidad. El presidente de la República tiene aún la oportunidad de corregir el rumbo. La pregunta es si tiene la voluntad de hacerlo», señalaron los críticos.