Condenan a Nilver Huarac y tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao por corrupción

Tres ex funcionarios del Gobierno Regional del Callao y el productor artístico Nilver Huarac, fueron condenados por el manejo irregular de los fondos generados en las ediciones 2017 y 2018 del emblemático festival Chimpún Callao.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao (Tercer Despacho), a cargo del fiscal provincial Wils Anselmo Hugo Gonzales Morales, logró que se se dicte esta condena.

Según la acusación, sustentada en juicio oral por el fiscal adjunto provincial Julio Arturo Cupe González, los hoy sentenciados concertaron para defraudar al Estado a través de un esquema que permitió que el empresario musical Nilver Huarac se beneficiara con más de S/ 440 000, generados por la venta de entradas de un evento financiado íntegramente con recursos públicos.

La investigación fiscal permitió establecer que los exgerentes regionales María Ramos y Cristian Hernández, junto al exjefe de Logística Juan Solís, omitieron deliberadamente el deber de regular el cobro de los boletos en los contratos de organización. Esta omisión facilitó que el proveedor Nilver Huarac recaudara masivamente dinero por concepto de entradas que nunca ingresó a las cuentas del Gobierno Regional, pese a que la propia entidad publicitaba oficialmente los costos de ingreso.

Por estos hechos, el Ministerio Público logró que se condene a seis años de prisión efectiva a los exfuncionarios María Ramos, Cristian Hernández y Juan Solís, autores del delito de colusión agravada; y a nueve años de prisión efectiva al productor musical Nilver Huarac, en calidad de cómplice primario del mismo ilícito penal.

Los condenados fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por periodos de entre seis y diez años, y deberán pagar al Estado, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 568 709. Este monto será destinado a resarcir el perjuicio económico ocasionado por un proceso de contratación irregular que priorizó intereses particulares sobre el deber de cautelar los recursos públicos.

La ejecución de la pena se encuentra en estado de suspensión provisional hasta que el fallo sea confirmado en segunda instancia, bajo apercibimiento de revocarse en caso los imputados incumplan diversas reglas de conducta, incluyendo la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia y la comparecencia mensual obligatoria ante el juzgado para informar sus actividades.