Claudia Sheinbaum a favor de que Nicolás Maduro use recursos públicos de Venezuela para pagar su defensa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la controversia generada en torno al uso de fondos del gobierno de Venezuela para financiar la defensa legal de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, actualmente procesados en Nueva York.

La mandataria defendió la posibilidad de que Caracas destine recursos públicos a este fin, en línea con la política mexicana de no intervención en asuntos internos de otros países.

La postura mexicana

Sheinbaum subrayó que México rechaza cualquier tipo de injerencia extranjera "por Constitución y por convicción". Aunque aclaró que aún no ha conversado directamente con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que existe disposición para dialogar próximamente sobre el tema.

El pronunciamiento se produce días después de la segunda audiencia en Nueva York, donde el juez federal Alvin Hellerstein rechazó la solicitud de desestimar el caso presentada por la defensa de Maduro y Flores.

Los abogados habían argumentado que la prohibición de usar fondos venezolanos vulneraba el derecho a la defensa. El magistrado, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de revisar su postura en el futuro si considera que la restricción fue aplicada de forma "arbitraria".

Los cargos

Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero en Caracas y trasladados a Estados Unidos. Enfrentan acusaciones de conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armamento. Ambos se declararon "no culpables" y permanecen recluidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

El respaldo de Sheinbaum al uso de fondos venezolanos no solo responde a un principio diplomático, sino que también refleja la tensión regional frente al proceso judicial en EE.UU. Mientras Washington insiste en aplicar sanciones económicas y legales, México se posiciona como un actor que defiende la soberanía de Caracas.

En medio de acusaciones tan graves, el debate ahora se concentra en el financiamiento de la defensa. La discusión sobre si un Estado puede destinar recursos públicos para costear abogados en otro país expone la intersección entre lo jurídico y lo político, y deja abierta la pregunta sobre los límites de la soberanía frente a sanciones internacionales.

La defensa de Sheinbaum al uso de fondos venezolanos para costear la defensa de Maduro y Flores reafirma la política mexicana y abre un nuevo capítulo en la tensión diplomática regional. El caso, aún sin fecha para la próxima audiencia, se mantiene como un punto de fricción entre derechos procesales, sanciones económicas y la legitimidad de los recursos públicos en procesos internacionales.