Ciudadano denuncia vulneración de su derecho a la defensa y cuestiona actuación fiscal
Marco Antonio Ríos Morales asegura que fue llevado a juicio sin haber sido debidamente notificado durante la etapa de investigación preparatoria y solicita que se revisen las presuntas irregularidades detectadas en su caso. El ciudadano Marco Antonio Ríos Morales denunció públicamente una presunta vulneración a su derecho constitucional de defensa en el marco de una […]
Marco Antonio Ríos Morales asegura que fue llevado a juicio sin haber sido debidamente notificado durante la etapa de investigación preparatoria y solicita que se revisen las presuntas irregularidades detectadas en su caso.
El ciudadano Marco Antonio Ríos Morales denunció públicamente una presunta vulneración a su derecho constitucional de defensa en el marco de una investigación fiscal por supuestos actos de violencia psicológica en agravio de su menor hijo, asegurando que fue llevado a juicio sin haber sido debidamente notificado de actuaciones y disposiciones emitidas por el Ministerio Público durante la etapa preliminar del proceso.
La investigación correspondiente a la Carpeta Fiscal N.° 506019211-2023-219-0 estuvo a cargo del Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro.
Ríos Morales sostiene que entre febrero de 2023 y abril de 2024 no recibió diversas notificaciones relacionadas con diligencias y actuaciones fiscales, situación que —afirma— le impidió ejercer oportunamente su derecho a la defensa, presentar descargos y participar en pericias psicológicas consideradas relevantes para esclarecer los hechos materia de investigación.
Dijo que de esa forma era imposible ejercer su derecho a la defensa, entre las cuales se encontraba que pasara una pericia psicológica requerida dentro de los actuados previos, inobservando de esta forma lo establecido en el Articulo 127 del Código Procesal Penal que a la letra menciona: “Las disposiciones y las resoluciones deben ser notificadas a los sujetos procesales, por medio físico o electrónico, dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas, salvo que se disponga un plazo menor”. Añadió que dicho incumplimiento, “pese a haberse consignado en mi declaración de julio 2024, no fue acogida por la fiscal Encala Egusquiza”.
Resoluciones de control reconocen deficiencias en las notificaciones
El denunciante señala que presentó una queja ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, la cual fue tramitada bajo el Expediente de Control N.° 956-2025-ANC-MP-ADC-LIMA CENTRO.
De acuerdo con la documentación que cita, la Resolución N.° 1 habría reconocido deficiencias en el proceso de notificación y señalado afectaciones al ejercicio de su derecho de defensa durante la investigación fiscal y una resolución posterior habría ratificado la existencia de problemas en las notificaciones, aunque finalmente no se impusieron sanciones a las fiscales involucradas, decisión que el ciudadano considera contradictoria y que actualmente viene cuestionando mediante los recursos correspondientes.
Cuestiona acusación fiscal y exclusión de pruebas de descargo
Ríos Morales sostiene que, pese a las observaciones formuladas sobre el procedimiento seguido durante la etapa de investigación, el caso avanzó hasta la etapa de juicio oral.
Según afirma, durante las audiencias realizadas entre mayo y junio de 2026 la misma fiscal quejada por indebido proceso de notificación, solicitó la exclusión de medios probatorios que buscaban sustentar su defensa, argumentándose cuestiones procesales relacionadas con los plazos de presentación.
A criterio del denunciante, esta situación habría profundizado el estado de indefensión que denuncia desde el inicio del proceso.
Solicita revisión integral del caso
Ante esta situación, el denunciante pidió que las autoridades competentes revisen de manera integral las actuaciones realizadas dentro de la Carpeta Fiscal N.° 219-2023, así como las decisiones adoptadas durante el proceso judicial actualmente en curso.
Asimismo, solicitó que se evalúe el impacto que las presuntas irregularidades procesales podrían haber tenido sobre su derecho a la defensa y sobre el desarrollo del proceso penal seguido en su contra.
Finalmente, manifestó que continuará utilizando los mecanismos legales disponibles para cuestionar las decisiones que considera lesivas a sus derechos fundamentales y reiteró su pedido para que las instituciones competentes garanticen el respeto al debido proceso y la tutela efectiva de los derechos de todas las partes involucradas.
Antecedentes de denuncias archivadas
El ciudadano también informó que durante los últimos años fue objeto de diversas denuncias en seis carpetas fiscales relacionadas con presuntos actos de violencia física y psicológica que fueron archivadas por distintas dependencias fiscales entre 2019 y 2024.
Ríos Morales sostiene que estos antecedentes evidenciarían un patrón de denuncias que considera injustificadas y que, según afirma, guardan relación con conflictos familiares vinculados a procesos judiciales de tenencia y régimen familiar actualmente en trámite.
Fuente original: Diario UNO
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