Ciberdelitos pueden tramitarse y recibir sanción inmediata a través de las unidades de flagrancia

 Delegaciones presentaron informes durante jornada inicial de la Primera Reunión Preparatoria de la XXIII Cumbre Judicial Iberoamericana.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sostuvo que los ciberdelitos o delitos informáticos, los que son realizados en el espacio digital a través de las redes informáticas y diversos dispositivos electrónicos, pueden ser tramitados y sancionados a través de las unidades de flagrancia.

Fue al presentar el informe de la ‘Comisión de implementación de las unidades de flagrancia en el Perú’ durante la Primera Reunión Preparatoria de la XXIII Cumbre Judicial Iberoamericana, que empezó ayer miércoles 10 de junio, en Palacio de Justicia, con presencia de delegaciones extranjeras participantes.

“La naturaleza de muchos ciberdelitos —en particular aquellos donde el imputado es sorprendido en flagrancia digital, es decir, en el momento mismo de la operación ilícita o con los medios comisivos bajo su control— los hace susceptibles de tramitarse bajo el modelo de proceso inmediato”, remarcó.

Así lo consideró al destacar que el fenómeno de la cibercriminalidad asistida por Inteligencia Artificial (IA) ha adquirido, en los últimos años, un perfil cualitativamente distinto al de la delincuencia convencional, a través de Deepfakes y suplantación de identidad digital, así como fraude y estafa digital automatizada.

También, extorsión con contenido íntimo generado por IA, criminalidad organizada con soporte algorítmico y ataques a infraestructura crítica y sistemas institucionales, entre otros.

“Si la IA es una herramienta al servicio de la justicia, es también, con creciente frecuencia, un instrumento de la criminalidad; este es el flanco que los sistemas judiciales iberoamericanos no debemos de ignorar y que, en el Sistema de Flagrancia peruano, nos exige una respuesta de adaptación permanente”, dijo.

Entorno favorable

Tello Gilardi consideró, en ese sentido, que las Unidades de Flagrancia impulsadas por el Poder Judicial del Perú constituyen un entorno especialmente favorable para la implementación responsable de herramientas de IA.

Ello por razones que son inherentes a su arquitectura como la concentración de operadores en un mismo espacio, estandarización de procedimientos, generación permanente y homogénea de datos procesales, y supervisión humana continua de cada decisión jurisdiccional, destacó la magistrada.

La magistrada explicó que el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva y las Unidades de Flagrancia Delictiva es una experiencia que constituye uno de los esfuerzos más importantes emprendidos por el Perú para fortalecer la respuesta de la justicia frente a la criminalidad flagrante:

Cabe señalar que las Unidades de Flagrancia concentran en un solo espacio físico y funcional a los cuatro operadores críticos en la lucha contra el crimen: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Nacional del Perú.

“Actualmente, contamos con 38 unidades de flagrancia distribuidas en el país, lo que evidencia la consolidación progresiva de este modelo como una política de alcance nacional y como respuesta concreta para garantizar una justicia más rápida, eficiente y cercana a la ciudadanía”, anotó.

La jueza resaltó que, en el año 2025, de los casos ingresados registrados a nivel nacional, se alcanzó un 92.97% de procesos resueltos, con un 92.35% de las sentencias logradas en una primera sesión; en tanto que, en el año 2026, se resolvieron el 90% de los casos ingresados.

Uso progresivo de IA

Tello Gilardi refirió que el Perú implementa de manera progresiva, desde las unidades de flagrancia, el uso de IA como motor de productividad en dimensiones como la interoperabilidad de información en tiempo real, es decir la integración de bases de datos de los entes de justicia.

“Lo que permite al juez de flagrancia acceder de manera inmediata al historial procesal del detenido, condenas previas, medidas cautelares vigentes y antecedentes penales, todo ello en el momento de la audiencia”, indicó.

También en los campos sobre gestión digital del expediente y automatización de actuaciones, análisis predictivo y gestión de riesgos, identificación de patrones delictivos y georreferenciación; y estadísticas jurisdiccionales en tiempo real.

No obstante, aclaró que el Perú sostiene una posición de principio que comparte con la Cumbre Judicial Iberoamericana: la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo a la función judicial, nunca su sustituto.

“El juez o la jueza —ser humano, comprometido con la dignidad de las personas y con el Estado Constitucional de Derecho— es y debe seguir siendo el centro de toda decisión jurisdiccional; la IA potencia esa capacidad, no la reemplaza ni la delega”, afirmó.

Tello Gilardi remarcó que, para mayor eficacia en la lucha contra la cibercriminalidad, los operadores deben contar con capacitación especializada en evidencia digital, cadena de custodia electrónica y valoración de prueba tecnológica, para que los protocolos de flagrancia incorporen esos estándares.

“Este es uno de los desarrollos más urgentes en nuestra agenda: extender la competencia especializada de las unidades de flagrancia para dar respuesta ágil y garantista a los delitos cometidos con medios tecnológicos y el apoyo de la inteligencia artificial, articulando para ello la cooperación internacional”, dijo.

La jueza suprema resaltó así que la experiencia peruana en flagrancia delictiva evidencia que es posible conciliar celeridad con garantías, eficiencia con legitimidad, e innovación tecnológica y el uso responsable de la IA con pleno respeto del debido proceso.

“La justicia del siglo XXI debe ser rápida, justa, tecnológica, constitucional; y los mismos atributos de una buena Unidad de Flagrancia deben definir a los sistemas judiciales iberoamericanos en la era de la IA: velocidad con garantías, tecnológica con supervisión humana, e innovación”, sostuvo.

Tello Gilardi reafirmó que la cooperación judicial iberoamericana seguirá siendo un instrumento fundamental para construir una justicia capaz de responder a los desafíos y a seguir trabajando por una justicia más cercana al ciudadano, más moderna y más efectiva, en tiempos de IA.

Más informes

A su vez, la magistrada dominicana Martha Díaz Villafaña trató sobre el trabajo de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia, cuyo fin es dar seguimiento al proceso de incorporación de la perspectiva de género dentro de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Como proyectos e iniciativas de este equipo de trabajo, resaltó la transversalización de la perspectiva de género al interior del foro internacional, el registro iberoamericano de feminicidios, la próxima tercera edición del Premio de la Igualdad.

Además, la realización del taller de razonamiento y redacción judicial libre de sesgos en la era digital, el tercer seminario internacional sobre género y acceso a la justicia, y la publicación actualizada sobre la presencia de las mujeres en la estructura de la cumbre.

En tanto que la jueza de Costa Rica Damaris Vargas Vásquez, de la Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental, señaló que el objetivo de este grupo es fortalecer la cooperación entre poderes judiciales iberoamericanos para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Entre sus logros, mencionó el haber impulsado la difusión de los principios esenciales del derecho ambiental y fortalecer la capacitación judicial especializada a nivel regional.

Asimismo, consolidar alianzas estratégicas para la justicia ambiental y climática; además, avanzar en la construcción del portal y la Red Iberoamericana de Justicia Medioambiental.

También expusieron Aurelio Rodríguez Guzmán, de la Comisión de Calidad para la Justicia; Iván Lenis Gómez, de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial; Armando Medina Marín, de la Comisión de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Drogas y/o Alcohol.

Asimismo, Ángel Brito Pujols, de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales; Francisco Segura Sancho, del Aula Iberoamericana; Daniel Fajardo Ortiz, del Portal de Sentencias sobre Derechos Económicos y Culturales; y Michel Velásquez Grillet, del Instituto de Altos Estudios Judiciales.

Dato

En la Primera Reunión Preparatoria de la XXIII Cumbre Judicial Iberoamericana, que durará hasta mañana 12 de junio, participan delegaciones de poderes judiciales de 23 naciones, entre ellos, seis titulares de la máxima magistratura de su respectivo país.

El principal objetivo del foro es la adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado.