Carranza bajo la lupa

Cuestionan legado tributario y vínculos empresariales del asesor económico de Keiko Fujimori. Críticas resurgen tras los debates.

La participación de Luis Carranza Ugarte, exministro de Economía y Finanzas (2006-2009) y actual integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, durante el reciente debate económico, ha reavivado críticas sobre su gestión pública y sus posteriores vínculos empresariales.

Durante el encuentro, Carranza sostuvo que durante el segundo gobierno aprista cerca de un millón de peruanos salía de la pobreza cada año y que el crecimiento económico registrado durante la gestión de Pedro Castillo fue principalmente consecuencia del efecto rebote posterior a la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, sus detractores consideran que omitió aspectos controvertidos de su propia administración.Uno de los principales cuestionamientos se refiere a la implementación del denominado Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, creado mediante el Decreto Supremo 071-2006-EM. En lugar de continuar cobrando el impuesto a la renta al sector minero, introdujo el programa que se se basó en aportes voluntarios de las empresas de S/.500’ millones anuales, durante cinco años.

El economista Jürgen Schuldt criticó en su momento dicho mecanismo, señalando que la contribución equivalía aproximadamente al 3% de las utilidades netas de las principales compañías mineras y que incluso podía reducirse o desaparecer dependiendo de la evolución de los precios internacionales de los minerales.

Según los críticos de esta política, la recaudación efectiva del impuesto a la renta proveniente de la minería metálica mostró una reducción significativa durante los años posteriores. Mientras en 2006 la tasa efectiva alcanzaba 15.82%, esta habría descendido a 15% en 2007, 12.33% en 2008, 5.53% en 2009, 8.62% en 2010 y 9.86% en 2011, pese al incremento de las ventas impulsado por el auge de los precios internacionales de los minerales.

De acuerdo con este análisis, si la presión tributaria hubiera evolucionado en proporción al crecimiento de las ventas mineras, la tasa efectiva habría podido alcanzar niveles superiores al 20% en 2011. Bajo ese criterio, se estima que el Estado habría dejado de percibir S/. 17,099’ millones de soles en ingresos tributarios durante ese período.

Las críticas también alcanzan la actividad empresarial posterior de Carranza. Se recuerda que la Municipalidad Metropolitana de Lima perdió recientemente un arbitraje millonario frente a Rutas de Lima S.A.C., concesionaria vinculada a Odebrecht y al Fondo de Inversión en Infraestructura administrado por Sigma SAFI, firma relacionada con Carranza.

Asimismo, se señala que el exministro ha ocupado cargos directivos en importantes empresas privadas, situación que para sus críticos refleja la cercanía entre determinados grupos económicos y las decisiones de política pública adoptadas en el país durante las últimas décadas.

Desde esta perspectiva, sectores opositores sostienen que el modelo económico vigente ha favorecido a grandes corporaciones nacionales y extranjeras mediante marcos regulatorios y tributarios que consideran insuficientes para garantizar una adecuada redistribución de la riqueza generada por los recursos naturales.

El debate sobre la tributación minera y los contratos de estabilidad jurídica, continúa siendo uno de los temas centrales de la discusión política y económica peruana, especialmente de cara a los próximos procesos electorales, en vista de la bajisima presión tributaria nos tiene sumidos en la pobreza. Se propagandiza el crecimiento económico para el sostenimiento del sistema pero no se habla de la nula y/o infima tributacion, revelando una aberracion economica.