Anuncian moción de censura contra Fernando Rospigliosi por ejercer "presión" para aplicar ley de amnistía

Una nueva moción de censura fue anunciada contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, tras las declaraciones que propaló días atrás que generaron desconcierto.

En estas acusó a la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, de "incitar a jueces politizados y prevaricadores a cometer un delito" cuando la misma defendió el uso del control difuso por parte de jueces que consideren no aplicar leyes que consideren inconstitucionales, durante su discurso en el inicio del Año Judicial 2026.

Las razones para la censura

El recurso, presentado por la congresista Ruth Luque, alcanza lo dicho por Rospigliosi en una columna de opinión donde, sumado a lo anterior, se refirió a los jueces a cargo de la masacre de Caraya de 1988, un caso que involucra a militares en retiro procesados por violaciones a los derechos humanos contra la comunidad ayacuchana en un operativo que buscaba atacar a miembros de Sendero Luminoso tras un ataque a un convoy en Erusco.

En lo escrito por el parlamentario, acusó a los jueces a cargo del caso: Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata, de tener "pésimos antecedentes" y advertía que, si estos no acataban la ley de lesa humanidad (Ley 32107) y negaban la amnistía a los militares, podían llegar a ser "enviados a prisión". Estas afirmaciones fueron publicadas horas antes de llevarse a cabo la audiencia donde se iba a determinar la aplicación de dicha norma al caso.

Esta actitud fue interpretada por Ruth Luque como una especie de "presión política" ejercida por Fernando Rospigliosi, sumado a declaraciones posteriores donde insistió sobre los puntos ya expuestos y reforzando la idea de que los jueces que aún no determinaban la aplicación de la Ley 32107 para que casos de lesa humanidad anteriores al año 2002 puedan prescribir, estarían cometiendo "prevaricato" en sus funciones.

Denuncias a la independencia de poderes

Finalmente, Luque denuncia también que el mismo día de la audiencia, el propio Rospigliosi habría ingresado a la sala virtual. Si bien la sesión se desarrollaba de manera pública y cualquier persona tenía el derecho de acceder, la participación del congresista causó preocupación, considerando que horas antes su columna había sido publicada.

Este último gesto confirmaría aún más, según Luque, su intención de ejercer presión sobre los jueces.

En ese sentido, y bajo estas tres premisas, la congresista del Bloque Democrático Popular, presentó el mecanismo constitucional para exigir la responsabilidad de Rospigliosi en lo que considera un ataque directo a la independencia del sistema de justicia peruana, cuestionando la actitud y acciones ejercidas sobre el caso, con una posible renuncia a su cargo actual.