Andrés Hurtado: Fiscalía pide hasta 30 y 24 años de cárcel para 'Chibolín' y Elizabeth Peralta

La situación judicial de Andrés Hurtado, conocido como "Chibolín", se complica cada vez más. Documentos revelados muestran que la Fiscalía ha solicitado 30 años de prisión contra él y 24 años contra la exfiscal Elizabeth Peralta, por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Ambos casos se relacionan con las investigaciones que involucran al futbolista Roberto Siucho y al empresario Javier Miu Lei, en un entramado de favores indebidos y liberación irregular de bienes incautados.

El requerimiento fiscal

Los documentos, difundidos por Latina, detallan que la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicita 30 años de prisión para Andrés Hurtado, además de multas millonarias y 20 años de inhabilitación; y 24 años de prisión para Elizabeth Peralta, también con multas y sanciones accesorias.

Ambos enfrentan cargos por tráfico de influencias agravado, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.

El caso Siucho

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Hurtado de haber intervenido en 2019 para facilitar la renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Siucho, con el objetivo de que pudiera jugar en la liga china.

Según las pesquisas, el conductor habría ejercido tráfico de influencias ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. Por este caso, se solicitó inicialmente, a inicios de mayo, 4 años y 8 meses de prisión, además de inhabilitación y multa, pero el nuevo requerimiento lo incluiría dentro de un paquete más amplio de acusaciones.

El caso Miu Lei

El segundo frente judicial es aún más grave. Hurtado está bajo prisión preventiva en Lurigancho por su presunta participación en la liberación irregular de 100 kilos de oro incautados al empresario Javier Miu Lei, primo de los Siucho.

La Fiscalía sostiene que Hurtado habría intermediado ante la fiscal Elizabeth Peralta para favorecer al empresario en dicha liberación de las barras de oro, lo que derivó en acusaciones de lavado de activos y corrupción. Testimonios señalan que existía una relación indebida entre Hurtado y Peralta, reforzando la hipótesis de tráfico de influencias.

El caso ha generado gran repercusión pública, pues involucra a un personaje mediático con amplia presencia televisiva y a una exfiscal de alto perfil. La revelación de las posibles condenas refuerza la percepción de que la Fiscalía busca sentar un precedente severo contra la corrupción y el uso indebido de influencias en el aparato estatal.

La combinación de los casos coloca a Andrés Hurtado en el centro de uno de los procesos más mediáticos de los últimos años. La situación de ambos personajes confirma que las investigaciones apuntan a sancionar tanto a quienes ejercen influencia como a quienes la permiten.