Alto Comisionado contra la minería ilegal y mandos de las FF.AA. comprometidos en mafia del oro

Un revelador y escandaloso audio de una conversación de un empresario vinculado a la minería ilegal, principalmente a la extracción ilegal del oro en la Amazonía peruana, ha puesto al descubierto de la existencia de una red de corrupción y condenables actos que comprometen al Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal de la PCM, a importantes mandos de las Fuerzas Armadas, de la PNP y al Gobierno mismo.

Se trata de un diálogo sostenido por el minero Juan Ibarra Cabello, inscrito en el REINFO, quien conversa con su interlocutor sobre estrategias para obtener una concesión minera en la provincia de Condorcanqui en Amazonas, bajo la figura de una “asesoría”, a uncosto de USD 10 000 por cada mil hectáreas de espacio que se logre concesionar para la explotación del metal aurífero en esa región selvática.

“Yo tengo armado todo eso. Diez mil dólares por cada mil hectáreas. Firmas nomás tú como titular (el trámite). Cien por ciento sale a tu nombre. Yo no participo allí, solamente soy tu asesor de titulación”, se oye decir a Ibarra Cabello en la conversación.

“Tengo a gente adentro”

En el audio, se le oye decir también que “tiene gente adentro”, incluso habla de “socios”. Cuando el interlocutor le pregunta “¿a quién tiene que dar el dinero”, este le responde: “yo soy el que te arma todo”.

Ibarra Cabello garantiza a su interlocutor que, una vez iniciado el trámite para la titulación de la concesión ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), podría ir trabajando una carretera junto a otros concesionarios para transportar su maquinaria. “Yo conozco a todos los geólogos”, resalta.

“Lo mejor de todo esto, yo te llevo al proyecto de la moneda para que firmes el contrato de sociedad para la parte de todo lo que son vetas, el río lo hacemos nosotros…ubícame lo que tienes y le chancas la mano por adelantado (se oye golpear la mesa)”, afirma el minero en alusión a los otros concesionarios vecinos del lugar.

Alto Comisionado comprometido

En otro pasaje, Ibarra Cabello revela el condenable accionar de algunos miembros de la Policía Nacional y el Ejército. “Ellos están resguardándonos”, asegura golpeando otra vez la mesa, a lo que el otro dialogante interesado dice: “Ah! con billete”.

“Todo, todo, desde el Comando Conjunto. Nosotros no hablamos con payasos, (lo hacen) con conocimiento del Gobierno…el Alto Comisionado ha hecho toda esta gestión, y el Alto Comisionado obedece a la PCM, yo me he reunido con ellos”, confiesa este empresario haciendo alarde de su papel de negociador ante los mandos de las FF.AA. y de la PNP.

Cabe precisar que el Alto Comisionado para la Minería Ilegal es el teniente general FAP (r) Rodolfo García Esquerre y excomandante general de la FAP, designado el 10 de abril del 2024 durante el gobierno de Dina Boluarte.

Llama la atención que García Esquerre sea el encargado realizar el seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal y a la recuperación del ambiente, a nombre de la Presidencia del Consejo de Ministros, mientras que es comprometido en una suerte de red de corrupción dentro del gobierno frente a la minería ilegal.

“El general del aire”

El nombre de García Esquerre surge en medio de la pandemia del Covid-19, cuando el 21 de marzo del 2020 la periodista Milagros Leyva es intervenida por policías y militares por conducir sin autorización en pleno toque de queda por la cuarentena, razón por la que ella llama a un “General del aire” para que influya a su favor. Este general fue identificado como el entonces comandante general de la FAP, Rodolfo García Esquerre, hoy el Alto Comisionado de la PCM.

Por otro lado, el minero Ibarra Cabello asegura haber ayudado a “Nico”, en referencia al empresario Nicolás Culqui Bardales, su socio que opera también en la extracción de oro en El Cenepa, Condorcanqui, y aparece en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) con su empresa Amazonian Gold SAC.

Invasión y daños

Ibarra Cabello y otros personajes acaban de ser denunciados el viernes 6 de marzo ante la Fiscalía Supranacional Especializada en Materia Ambiental, cuyo fiscal encargado Alan Otero Medina llegó hasta la comunidad nativa Awajún de Kumpanam en el distrito El Cenepa de la provincia Condorcanqui.

Los comuneros señalaron a este empresario y a otros identificados como Luis Bedoya Torrico, Jorge Bedoya Torrico, Smtih Víctor Narch, Edwin Bastidas, a un sujeto conocido como “Ruso” y un ciudadano ecuatoriano de apellido Solórzano, de ser los responsables de las amenazas de muerte proferidas contra los pobladores del lugar, la quema de algunas de sus viviendas y matanza de sus animales.

Precisamente, en un video grabado por uno de los nativos del lugar se aprecia a un grupo de militares y policías, comandado por un oficial del Ejército que estaría ofreciendo resguardo y seguridad a los mineros ilegales, a sus maquinarias y equipos que han incursionado en el lugar. 

Base de resguardo a mineros

En el diálogo con los pobladores, este militar afirma que su presencia allí es porque “hay una orden para “instalar una base militar”, lo que extrañamente coincide con la versión del minero Juan Ibarra, quien en el audio afirma que efectivos policiales y militares “los están resguardando”.

La presencia de estos militares sería por orden de la Sexta Brigada del Ejército en la Selva que está bajo la comandancia del general de Brigada EP, Miguel Ángel Merino Mogollón, con la anuencia del el Gral. De División Carlos Alberto Rabanal Calderón, comandante General de la I División de Piura.

Las extensas zonas de Condorcanqui, principalmente las riberas del río Santiago, van camino a convertirse en una “nueva Madre de Dios” donde ya se ha desatado una suerte de “fiebre del oro” que depredará la selva de esa región.

Socios de la extracción

Allí, lo mineros ilegales e informales se han asociado con organizaciones criminales para actuar hasta donde están trasladando maquinaria para la explotación aurífera junto a pozas de agua con mercurio y otros materiales tóxicos que se utilizan para extraer el oro del lugar.

Ibarra Cabello también está inscrito en el REINFO con una concesión minera vigente a nombre de Bambi en El Cenepa, en Condorcanqui, y en sociedad con Culqui Bardales. Igualmente, obtuvo en enero del 2021 de Ingemmet la concesión minera Doncella 17 2019 en la provincia Condorcanqui, en Amazonas.

Asimismo, aparece como “productor minero” en los registros de la Sunat, a favor de fabricantes nacionales de joyería destinada al mercado externo, gracias al Decreto Legislativo N.º 1552 que aprobó el gobierno de Dina Boluarte, en el marco de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso de la República.

En una entrevista, el gerente general del Instituto Peruano de Economía, Carlos Gallardo, afirmó que en el 2025 el oro ilegal que el Perú exportó supera las 100 toneladas, valorizadas en más de 12 000 millones de dólares y el 24 % de esta cantidad va a parar a la India que se ha convertido en un mercado clave para el procesamiento de este preciado metal, especialmente en el rubro de la joyería.

La pregunta que cae de peso es: “¿Si el Gobierno, el mismo Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal de la PCM y mandos militares y policiales, están comprometidos con estas mafias entonces quién detendrá este fenómeno criminal?