Alcaldes detenidos afrontan investigación: Fiscalía realiza proceso inmediato tras incidentes en Tacna

Dos autoridades detenidas y un conductor afrontan investigaciones tras intervenciones policiales por presunta resistencia a la autoridad. Los casos fueron dispuestos a los despachos del Ministerio Público que sostienen que existen elementos suficientes para el desarrollo del proceso inmediato.

El primer caso involucra al alcalde distrital de Cairani, Richard Flores, quien fue intervenido el 6 de marzo en la intersección de la avenida San Martín con la calle Francisco Lazo. Según la Fiscalía, el investigado conducía un vehículo con aparentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas.

Asimismo, Flores se habría negado a realizarse la prueba de dosaje etílico, hecho que motivó el requerimiento fiscal para iniciar un proceso inmediato por el presunto delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. El pedido fue presentado el 8 de marzo y el juzgado lo declaró procedente ese mismo día.

El Código Penal sanciona la desobediencia o la negativa a realizar análisis de sangre para determinar la ingesta de alcohol con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de siete años.

Intervención en terreno estatal

El segundo caso involucra al alcalde distrital de Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa Vilca y José C. T., señalados por la Fiscalía como presuntos responsables del delito de violencia y resistencia a la autoridad en su modalidad agravada. Los hechos ocurrieron durante una diligencia de recuperación extrajudicial de un terreno estatal perteneciente al Gobierno Regional.

Tras la intervención policial y las diligencias iniciales, la Fiscalía solicitó también el proceso inmediato, pedido que fue declarado procedente por el juzgado. Sin embargo, los investigados afrontarán el proceso en libertad bajo comparecencia simple.

El abogado defensor de Demetrio Cutipa, Daniel Astete García, cuestionó la decisión fiscal. "Solamente es una postulación de la Fiscalía, no es algo que tenga que darse. Vamos a presentar elementos de prueba y descargo", indicó.

Cuestionamientos legales

Yolanda Gómez Zegarra, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos del Sur, sostuvo que la actuación de la Procuraduría podría ser irregular.

"No hablamos de desposesión ni de posesión precaria. La defensa posesoria extrajudicial en este caso estaría fuera de la legalidad", afirmó.