Adulta mayor de más de 80 años exige justicia laboral

Caso expone un posible esquema de tercerización para evadir derechos. Colectivos y ciudadanos anuncian plantón de protesta frente al Colegio de Abogados.

Una grave denuncia pone bajo la lupa las prácticas laborales en el sector salud privado. La Clínica San Pablo S.A.C. enfrenta una demanda millonaria interpuesta por la ciudadana Raquel Mireya Ynes Dora Bobbio Rosas, una adulta mayor de más de 80 años. El caso cuestiona un presunto esquema de contratación diseñado deliberadamente para eludir el reconocimiento de sus derechos y beneficios laborales.

Ante la gravedad de los hechos y en respaldo a la afectada, diversos colectivos civiles y ciudadanos han convocado a un plantón de protesta pacífica frente a la sede del Colegio de Abogados, con el objetivo de visibilizar el caso y exigir un pronunciamiento firme de los gremios jurídicos frente a estas presuntas malas prácticas empresariales.

Puntos clave del caso:

Exclusión de beneficios: La demanda señala que la clínica no otorgó la liquidación de beneficios sociales ni el reconocimiento salarial directo, configurándose una presunta desnaturalización del vínculo contractual.
Vulnerabilidad extrema: Al tratarse de una persona de más de 80 años, el caso adquiere una alta sensibilidad social, exponiendo la falta de protección efectiva para los adultos mayores en el ámbito laboral.
Alerta en el sector: Especialistas advierten que esta situación no sería un hecho aislado, sino el reflejo de un problema estructural donde algunas organizaciones recurren a la tercerización para evadir responsabilidades.

«Cuando una persona realiza labores permanentes, bajo subordinación y en beneficio directo de una empresa, la ley exige el reconocimiento de un vínculo laboral, independientemente de la fachada contractual que se use», señalaron fuentes jurídicas consultadas.

Actualmente, la controversia se encuentra en manos del Poder Judicial, que determinará la responsabilidad de la Clínica San Pablo S.A.C. y la eventual indemnización que correspondería a la afectada. Este proceso, sumado a las movilizaciones anunciadas frente al Colegio de Abogados, reaviva el debate sobre los límites de la tercerización en el Perú y la necesidad de garantizar justicia para los trabajadores en situación de mayor vulnerabilidad.

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