‘PANAMA PAPERS’ CERCAN A LOPEZ ALIAGA

Investigación por lavado de activos quitan el sueño al abanderado de Renovación Popular.

El sábado 21 de marzo se supo que el Ministerio Público iba a iniciar una investigación preliminar contra el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla (65) por haber endeudado a la Municipalidad Metropolitana de Lima con S/4000 millones.

El delito que se atribuye al ex alcalde capitalino es contra la administración pública y está vinculado a la emisión de bonos para financiar sus obras municipales.

La fiscal anticorrupción Scarlet Laura Escalante dispuso que se inicie una investigación preliminar contra López-Aliaga, dejando sin efecto una decisión previa que había rechazado la denuncia. El Tercer

Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios llevará adelante las diligencias.

El auditor Julio Sifuentes Reyes reportó no hace mucho serias irregularidades en la emisión de bonos de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Pero esta investigación es solo una cuenta más en el rosario de acusaciones que carga sobre los hombros el motejado ‘Porky’, pues en octubre del 2025, por ejemplo, el Poder Judicial decidió ampliar por 24 meses la investigación preparatoria en su contra por el delito de lavado de activos, en el caso de los ‘Panama Papers’.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, mediante la Resolución N.º 5, emitida el 26 de septiembre de 2025, acogió un pedido del Ministerio Público para extender el plazo de la pesquisa durante 24 meses.

La Fiscalía había pedido inicialmente que la pesquisa se extendiera durante 36 meses, dada la complejidad del caso que involucra al candidato Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla en hechos ocurridos entre los años 2010 y 2018 y operaciones financieras hasta el 2021.

El Ministerio Público investiga una presunta organización criminal que habría operado mediante sociedades offshore en Panamá, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas, con el objetivo de ocultar y legitimar fondos de procedencia ilegal.