La acción de tres profesionales de la salud que abandonaron a cientos de menores en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, también conocido como Hospital del Niño, ha salido a la luz. Se reveló que estas médicas anestesiólogas dejaron a sus pacientes para trabajar en otro centro médico y recibir salarios considerables del Estado. Como consecuencia, los padres de familia expresan su indignación al encontrarse con que sus hijos no pueden someterse a intervenciones quirúrgicas.
La situación fue expuesta gracias a una investigación periodística realizada por Panorama, un programa dominical transmitido por los medios.
Dicho reportaje de cuenta de un informe realizado por la Contraloría General del Perú, el cual concluye que Mayra Chinchayán, Iris Ledesma Díaz y Karina Torres Cervantes “no cumplieron con sus programaciones ausentándose de la entidad, no cumpliendo con la permanencia, ni con la programación de sus labores en el INSN Breña, pase a que si registraron su ingreso y salida”.
“Es imposible que una misma persona registre su asistencia y permanezca en labores, los mismos días y las mismas horas, en dos establecimientos de salud públicos distintos”, detalla otro apartado del mencionado texto de la Contraloría, que ya inició acciones legales contra las anestesiólogas.
En relación con este tema, Rosario Rueda, directora adjunta del Hospital del Niño, expresó su pesar por el hecho de que las tres trabajadoras de salud hayan afectado la reputación de la institución y de otros médicos que desempeñan sus funciones en el nosocomio.
Actos delictivos
Chinchayán, Ledesma Díaz y Torres Cervantes lograron evadir el sistema al estar en dos lugares al mismo tiempo. Las tres simulaban trabajar en el Hospital del Niño al registrar su ingreso, luego se trasladaban a otro centro de salud para realizar sus funciones, y al finalizar su jornada volvían a Breña para registrar su salida.
Esta estratagema les permitió obtener considerables sumas de dinero provenientes de fondos públicos. Según expertos, podrían haber incurrido en el presunto delito contra la fe pública, causando un perjuicio económico al Estado de más de 31 mil 500 soles.
“Se está falsificando información en un documento para dar apariencia que si cumplieron con una labor que en realidad no hicieron. Con esto se sumaría el delito de falsificación de documentos, que puede llegar a penas de hasta 10 años de cárcel”, dijo Romy Chang, abogada penalista.
“Se evidencia un actuar premeditado. Había una organización incluso establecida para cumplir los turnos y evitar detectar los vacíos. Eso prueba con mucha mayor fuerza el dolo, la mala intención con la que se actuó”, acotó.
Patricia Suárez, subgerente de Control del Sector Salud de la Contraloría, compartió cómo descubrieron que las tres médicas anestesiólogas trabajaban simultáneamente en el INSN de Breña y en otros hospitales que pertenece a EsSalud, como el Carlos Alcántara en La Molina o el Guillermo Kaelin en Villa María del Triunfo.
