Fiscal superior Rafael Vela es suspendido por 8 meses

La crisis en el Ministerio del Interior y el sistema judicial peruano adquiere una nueva dimensión con la suspensión durante 8 meses y 15 días del fiscal superior Rafael Vela, encargado del Equipo Especial Lava Jato. La decisión fue tomada por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, causando sorpresa y reacciones enérgicas en diferentes sectores.

Este equipo especial tiene la responsabilidad de procesar casos de numerosos políticos y funcionarios de gran influencia. Entre ellos, los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, así como las excandidatas presidenciales Lourdes Flores Nano y Keiko Fujimori.

Rafael Vela fue acusado de cometer faltas graves relacionadas con declaraciones públicas emitidas en 2020, en las que criticó la revocación de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió dar por concluida su designación como coordinador del equipo especial y de las fiscalías contra el lavado de activos.

En su lugar, Benavides nombró a Marena Mendoza Sánchez, fiscal superior titular civil de La Libertad, quien desde inicios de abril coordina el equipo especial que investiga las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Parlamento. Sin embargo, la designación de Mendoza Sánchez ha sido cuestionada por no poseer experiencia en casos de corrupción, lavado de activos y organización criminal.

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado criticó la decisión, considerando que debilita al equipo especial y al Ministerio Público. Maldonado lamentó que se haya elegido a una fiscal que no cumple con los estándares de experiencia técnica en delitos de gran corrupción.

Por su parte, el exprocurador José Ugaz calificó la suspensión de Vela como desproporcionada, viéndola como un intento de desintegrar el equipo especial por parte de la Fiscalía de la Nación.

Finalmente, la institución Proética señaló que la decisión desconoce los estándares internacionales de la libertad de expresión de los magistrados y contribuye a desestabilizar los esfuerzos por identificar y sancionar a los responsables de la corrupción en Perú. Estos cambios siguen generando una honda preocupación en el ámbito político y judicial del país.