Extienden estado de emergencia en Lima y Callao: Medida busca hacer frente a delitos como sicariato y extorsión

Mediante el Decreto Supremo N.º 096-2026-PCM, publicado hoy jueves en el Diario Oficial El Peruano, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 60 días calendario. La norma entrará en vigencia a partir del 28 de junio, con el objetivo de reforzar la lucha contra la criminalidad, la inseguridad ciudadana y otras situaciones de violencia que afectan a ambas jurisdicciones.

De acuerdo con la norma, laPolicía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que continuarán participando en operaciones de seguridad para enfrentar delitos como homicidios, sicariato, extorsión y otras manifestaciones del crimen organizado.

¿Qué establece la  medida?

A partir de la vigencia de esta prórroga, se aplicará la restricción o suspensión del ejercicio de diversos derechos constitucionales tanto Lima como en el Callao. Asimismo, se establecen condiciones específicas para las actividades públicas y un plazo estricto para la rendición de cuentas de las autoridades.

Durante el periodo de emergencia, quedan suspendidos o restringidos los derechos relativos a:

• La inviolabilidad del domicilio.
• La libertad de tránsito por el territorio nacional.
• La libertad de reunión.
• La libertad y seguridad personales.

El desarrollo de reuniones variará según su magnitud:

• Actividades de carácter masivo y público: Los organizadores de eventos religiosos, culturales, deportivos y no deportivos están obligados a solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su respectiva evaluación.
• Actividades sin carácter masivo: Aquellas reuniones o actividades que no sean masivas podrán llevarse a cabo de forma regular, sin necesidad de contar con un permiso previo.

Sustento de la medida e informe de resultados

El Ejecutivo amplió el estado de emergencia tras recibir un oficio de la Comandancia General de la PNP remitido el 22 de junio, el cual se respalda en informes reservados de las regiones policiales de Lima Centro y Callao. 

Estos documentos advierten la continuidad de delitos de alto impacto, como homicidios, extorsiones y sicariato, que perpetúan la inseguridad ciudadana. Ante ello, el Gobierno determinó que es necesaria la continuidad de las medidas extraordinarias aplicadas desde febrero de 2026, cuando se declaró inicialmente la emergencia para frenar el avance del crimen organizado.

Asimismo, la norma dispone que, una vez concluida la prórroga, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe de resultados al Ministerio del Interior, balance que luego será remitido a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial junto a las recomendaciones del caso.

Esta extensión de 60 días busca consolidar la capacidad operativa del Estado frente a la delincuencia en la capital y el primer puerto. Sin embargo, al tratarse de una medida excepcional que restringe derechos fundamentales, el éxito de la estrategia dependerá de la articulación policial en las calles y de los resultados que reflejen los informes finales ante los tres poderes del Estado.