«El nuevo gobierno tiene las condiciones para asegurar la vida de los transportistas y detener el crimen organizado»

El Dr. Iván Torres La Torre, abogado penalista, historiador y profesor universitario, analiza las causas de la crisis del transporte público frente al crimen organizado y plantea las acciones prioritarias que deberá adoptar el nuevo gobierno para recuperar la paz y la confianza de los peruanos.

–Algunos sostienen que el crimen organizado ha logrado imponer el miedo en determinados sectores de la sociedad. ¿Comparte esa apreciación?

-Lamentablemente, cuando la violencia condiciona el comportamiento de ciudadanos que solo buscan trabajar honestamente, es evidente que las organizaciones criminales están utilizando el miedo como un mecanismo de control. Esa situación representa un desafío para el Estado de derecho, porque ninguna organización delictiva puede pretender sustituir la autoridad legítima del Estado. Recuperar la confianza de la ciudadanía requiere fortalecer la presencia institucional, mejorar la capacidad operativa de las autoridades y garantizar que quienes cometen estos delitos reciban una sanción conforme a la ley.

–Como historiador, ¿considera que esta violencia tiene antecedentes en el Perú o estamos frente a un fenómeno distinto?

-La historia peruana registra diversas manifestaciones de violencia en distintos momentos; sin embargo, cada contexto posee características propias. Lo que observamos actualmente responde a organizaciones criminales que buscan obtener beneficios económicos mediante la extorsión y recurren a la intimidación o al asesinato para mantener ese control. Esa combinación entre criminalidad organizada, violencia sistemática y afectación directa a servicios esenciales como el transporte público constituye uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. La historia también nos enseña que ningún problema de esta magnitud se resuelve con medidas aisladas, sino mediante políticas sostenidas, instituciones sólidas y respeto al Estado de derecho.

-¿Qué mensaje le daría tanto a las autoridades como a la ciudadanía frente a esta problemática?

-El combate contra la criminalidad organizada debe ser una prioridad permanente del Estado, porque está en juego la vida de miles de trabajadores y la tranquilidad de toda la población. Las autoridades tienen la responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad, fortalecer las instituciones encargadas de investigar estos delitos y actuar de manera coordinada para impedir que la violencia continúe expandiéndose. Al mismo tiempo, es importante que la ciudadanía no pierda la confianza en el Estado de derecho y comprenda que la solución pasa por instituciones cada vez más eficientes, una justicia oportuna y una sociedad comprometida con el respeto a la ley.

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