Desacato a la Corte IDH: El tenso escenario tras la excarcelación de Alberto Fujimori

En medio de la tensión internacional, el gobierno peruano negó el alegato de "desacato" hecho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la excarcelación del exmandatario Alberto Fujimori. La controversia entre la Corte IDH y el gobierno peruano ha ido escalando desde los últimos días de noviembre, pero el origen de la misma se encuentra en la decisión tomada en 2017, brindándole a Fujimori un indulto por razones humanitarias.

En noviembre de 2022, el Tribunal Constitucional (TC) de Perú rechazó dos pedidos para aclarar una sentencia emitida en marzo del mismo año, y ordenó la liberación de Fujimori, que hasta la fecha había permanecido suspendida. A partir de esto, se desataron cuestionamientos por parte de los abogados de las víctimas de los crímenes de Fujimori, y denunciaron la situación a la Corte IDH.

En respuesta, la Corte IDH había requerido a Perú en abril de 2022 abstenerse de ejecutar la sentencia del TC, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de Fujimori. En consecuencia, el juez de Ica, Vicente Fernández, decidió no actuar en ninguna dirección, ni aplicar control de convencionalidad como lo dispuso la Corte IDH, ni ordenar la excarcelación de Fujimori.

Sin embargo, la situación cambió el 6 de diciembre cuando la Corte IDH decidió que no tenía competencia sobre el caso y Fujimori fue liberado. Esta acción originó que la corte declare al gobierno peruano en "desacato", situación que los especialistas consideran que solo generará consecuencias en la imagen del Perú a nivel internacional. Sin embargo, el Ministro de Justicia y Relaciones Exteriores del Perú ha indicado que las sentencias han sido ejecutadas dentro de los parámetros internacionales, y reafirma su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por último, la Corte IDH requiere que Perú presente un informe de cumplimiento antes del 4 de marzo de 2024. Tras recibir dicho informe, la Corte IDH podría convocar a una audiencia y ratificar la acusación de desacato. Ahora se espera que el país suramericano coopere para resolver este delicado asunto en el corto plazo.