Denuncian presunto delito de colusión en la contratación de funcionarios del gobierno
La Contraloría General de la República detecta supuestas anomalías en las contrataciones de funcionarios en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas y el Ministerio de Defensa relacionadas con el Primer Ministro Alberto Otárola.
Un informe de la Contraloría General de la República ha revelado posibles irregularidades en las contrataciones de Rosa Rivera Bermeo y Yaziré Pinedo Vásquez, logradas tras visita al despacho del primer ministro Alberto Otárola. Las firmas en cuestión están relacionadas con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y el Ministerio de Defensa (Mindef).
Se ha abierto una investigación preliminar contra Alberto Otárola, acusándolo de ser presuntamente un instigador del delito de colusión en sus formas simple y agravada. Se ha descubierto que Devida contrató a Rivera para tareas que no están relacionadas con la modalidad por la que fue contratada, llamada locación de servicios.
Según el informe, el proceso de contratación no cumplió con el mínimo de cotizaciones requerido. Estos descubrimientos fueron registrados en un informe posterior no previsto en el plan anual de control 2023.
Además, se señaló que el titular de Devida, Carlos Figueroa Henostroza, solicitó la contratación de un profesional para asistir en la planificación y realización de actividades interinstitucionales debido a un presunto aumento de la carga de trabajo.
Sin embargo, la contraloría ha notado que las características del trabajo eran "incompatibles" con las actividades a ser realizadas por un locador de servicio. Devida asegura que sus procedimientos cumplen con la Ley de Contrataciones y su reglamento.
Por otro lado, se dice que el Mindef contrató a Pinedo "a través de dos adjudicaciones sin procedimiento" para tareas que no coinciden con la modalidad de locación de servicios para la que fue contratada. Se le contrató para archivar, ordenar y clasificar expedientes, entre otras tareas.
Se recomienda al titular de las instituciones que adopte medidas para enfrentar las presuntas irregularidades. Hasta el momento de publicar este informe, no se ha recibido respuesta del Mindef.
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