Crisis financiera en Fiscalía Lava Jato
Se paralizan investigaciones de alto perfil a Dina Boluarte y Perú Libre debido a limitaciones presupuestarias en el Ministerio Público.
La Fiscalía de Perú, encabezada por Richard Rojas Gómez, ha tenido que reducir drásticamente su equipo de trabajo debido a la falta de fondos para sostener la contratación de personal. Anteriormente contaba con 20 personas y ahora solo dispone de 4 profesionales para llevar adelante las pesquisas de casos de lavado de activos en los que figuran figuras de alto perfil político, como la Presidenta Dina Boluarte y Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.
Entre los casos considerados emblemáticos, se destaca la investigación preliminar contra la mandataria Boluarte, el expresidente Pedro Castillo y otros involucrados por lavado de activos, organización criminal y financiamiento prohibido de campañas políticas, todos relacionados con los fondos utilizados por Perú Libre en las elecciones generales del 2021.
A estos se suma la investigación contra una supuesta organización criminal dentro de Perú Libre, supuestamente encabezada por Cerrón, actualmente prófugo de la justicia tras ser condenado por colusión en el caso “Aeródromo Wanka”. La presunta organización habría obtenido fondos de actividades ilícitas ejecutadas por otras organizaciones criminales.
Por otro lado, también se encuentra en la lista de casos urgentes el llamado caso "Panamá Papers", donde la familia Barrera Macchiavello estaría presuntamente implicada en tráfico de drogas.
Además de la falta de recursos, el fiscal Rojas Gómez enfrenta un proceso disciplinario por presuntamente suministrar información falsa para justificar su ausencia durante una inspección de control funcional.
El recorte de personal y los problemas de financiación del Ministerio Público dibujan un panorama preocupante para los casos de alto impacto que permanecen en suspenso. La falta de fecha para la contratación de más personal y los obstáculos procesales ponen en riesgo las investigaciones que podrían garantizar una justicia equitativa en Perú.
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