Crecen las licencias de armas en Perú mientras la alarma por secuestros sigue en aumento

El último año ha visto significativos cambios en el panorama de seguridad en Perú. Se ha observado un notable incremento del 46% en las licencias para portar armas de fuego, una situación que levanta cuestionamientos sobre los argumentos que los solicitantes presentan. Simultáneamente, la inseguridad ciudadana parece agravarse con casos de alto perfil, como el secuestro de la hija de una prominent empresaria en el distrito de Comas.

En medio de este clima, el gobierno de Dina Boluarte ha respondido promulgando el Decreto Legislativo N.º 1582, el cual modifica la Ley de Migraciones para permitir la rápida expulsión de ciudadanos extranjeros en condición irregular. A su vez, esta medida también autoriza la sanción a empresas de transporte interprovincial que transporten a personas en esta situación.

Además, este decreto establece que las empresas de transporte y propietarios de inmuebles de alquiler deben verificar la legalidad de sus pasajeros o inquilinos extranjeros. Se espera que estas medidas permitan el acceso a información detallada sobre los extranjeros en el país, tanto por parte de las autoridades migratorias como por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Estas normativas incluyen principalmente la verificación de documentos de identidad y/o de viaje, y la autorización para realizar labores de fiscalización y verificación migratoria. Es crucial señalar que esta iniciativa busca fundamentalmente promover el cumplimiento de las leyes migratorias y, al mismo tiempo, refuerza los esfuerzos por controlar la seguridad pública en el país.

Los propietarios de hospedaje deben también reportar a la Superintendencia Nacional de Migraciones y permitir el acceso a inmuebles para verificación y fiscalización en cumplimiento de la normativa migratoria. Como siempre, el balance entre seguridad y derechos humanos será un aspecto crítico a considerar en la implementación de estas medidas.