Congreso: Roberto Sánchez a Junta de Portavoces para eliminar las "leyes procrimen" antes de segunda vuelta

En plena recta final hacia la segunda vuelta, el candidato presidencial Roberto Sánchez solicitó a la Junta de Portavoces del Congreso que se incluya en la agenda del próximo pleno la derogación de las llamadas "leyes procrimen".

El pedido busca mostrar firmeza frente al crimen organizado, pero también abre un debate sobre la coherencia política del postulante, quien es señalado como coautor de una de las normas más criticadas en este paquete.

El pedido al Congreso

Sánchez envió un oficio en el que plantea que el pleno de este jueves 4 de junio discuta la derogación de nueve leyes que, según el Ministerio Público y diversos gremios, han debilitado la capacidad del Estado para enfrentar delitos como la extorsión, el sicariato y la minería ilegal.

¿Cuáles son las "leyes procrimen"?

El término se refiere a un conjunto de normas aprobadas en los últimos años que, según especialistas, reducen las herramientas legales contra el crimen organizado. Entre ellas:

• Ley N.° 31990 (Colaboración Eficaz): Limita el tiempo para la colaboración eficaz, reduciendo el límite entre la solicitud y la firma del acuerdo a solo 8 meses.
• Ley N.° 32108 (Redefinición de "Organización Criminal"): Cambia la definición de "organización criminal", exigiendo una "estructura compleja y permanente" y pdie la presencia de investigado y su abogado al momento de un allanamiento.
• Leyes N.° 31751 y 32104 ("Leyes Soto"):  Reducen los plazos de prescripción penal a solo 1 año, acortando los plazos de investigación para casos complejos.
• Ley N.° 31989 (La no incautación de explosivos): Derogó disposiciones que permitían a la PNP intervenir y confiscar maquinaria y explosivos de la minería informal.

Sánchez defendió una de las 'leyes procrimen'

Esta última ley (la 31989) tiene particular importancia, siendo que la propia bancada de JPP promovió y votó en favor de esta con 5 aprobaciones en el Pleno, donde está incluido el propio candidato a la presidencia, sindicado incluso por diversos sectores como coautor de la iniciativa.

La misma es considerada por el Colegio de Abogados de Lima y por analistas como un retroceso en la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado. Al eliminar la facultad de la Policía para incautar explosivos a mineros informales inscritos en el Reinfo, se dejó un vacío que, según críticos, favorece la circulación de insumos clave para economías criminales.

Sánchez, sin embargo, defendió su participación en la norma afirmando que "no es una ley procrimen" y que se buscaba ayudar a los "pequeños mineros que no podían acceder legalmente a explosivos". Pese a ello, reconoció que está dispuesto a revisar la norma en un nuevo contexto.

El llamado de Roberto Sánchez a derogar las "leyes procrimen" pretende mostrar un compromiso con la seguridad ciudadana, pero su propio historial legislativo lo coloca en una posición incómoda.

Ser coautor de la Ley 31989, una de las más cuestionadas, genera dudas sobre la coherencia de su discurso y abre un flanco de crítica en plena campaña. La discusión en el Congreso será clave para definir si estas normas se mantienen o se eliminan, mientras la ciudadanía observa con atención el papel de quienes las promovieron y ahora buscan revertirlas.