Congreso prohíbe el matrimonio infantil tras escándalo y protestas

En una decisión histórica para Perú, el Congreso del país sudamericano ha aprobado una ley que prohíbe el matrimonio infantil, una medida que sigue a una gran polémica que llamó la atención tanto nacional como internacionalmente. La nueva normativa también brinda a los niños y adolescentes que ya están casados el derecho a anular su matrimonio sin la intervención de terceros.

Casi 30 menores de edad contraen matrimonio cada año en promedio, según datos proporcionados por el informe EC. La aprobación de esta nueva regulación cierra una puerta definitiva a una interpretación legal que hasta ahora permitía estos matrimonios, frecuentemente usada para encubrir casos de violencia contra menores, especialmente niñas.

La nueva norma fue aprobada con 113 votos a favor, ningún voto en contra, pero sí tres abstenciones. La propuesta dictaminada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el pasado 23 de junio, fue objeto de debate en el pleno, que generó indignación debido a la postura aislada del congresista José María Balcázar quien defendió el matrimonio infantil.

El legislador planteó que "todos tienen relaciones sexuales" y que, en otros países, incluso la edad mínima para casarse era de 13 años. Al hacer tales declaraciones y defender el matrimonio infantil, Balcázar desató una indignación generalizada y un fuerte rechazo de varios sectores, incluyendo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, cada día hasta 11 niñas entre 10 y 14 años quedan embarazadas en Perú, la mayoría de las veces como resultado de abusos sexuales. Con la prohibición del matrimonio infantil, se espera que se reduzca la incidencia de este tipo de abuso.

La campaña “Basta de Abuso Infantil: Crecer Sin Miedo es un Derecho”, también denuncia la extensión y gravedad de la violencia infantil. La nueva legislación es vista como un paso significativo para proteger los derechos de las niñas y los adolescentes en Perú y para garantizar un país más equitativo y protector de los derechos de la infancia y la adolescencia. Ahora, la promulgación de la legislación depende de la presidenta, Dina Boluarte.