Congreso debilita principal herramienta contra el crimen organizado

El Congreso de la República ha aprobado una ley que refuerza la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, afectando gravemente la eficacia de los procesos especiales de colaboración. La decisión se tomó a pesar de las objeciones presentadas por el Ejecutivo, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado. La legislación tiene un impacto particularmente potente en los procesos contra organizaciones criminales implicadas en delitos que van desde la corrupción hasta la extorsión, el terrorismo, la minería ilegal, la trata de personas y el narcotráfico.

La nueva ley, adoptada por insistencia con 89 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, impone un plazo para la corroboración de la información proporcionada por los colaboradores eficaces, lo que podría favorecer al crimen organizado y perjudicar el trabajo de la fiscalía. La ley también decreta que las declaraciones de los colaboradores sean grabadas, posiblemente poniendo en peligro la protección de su identidad.

Previamente, la figura de la colaboración eficaz no establecía un límite temporal para su tramitación. Sin embargo, el plazo impuesto en la nueva legislación dificulta el desarrollo eficaz de la colaboración eficaz y los procesos de investigación, ya que la duración de la investigación y del cierre del colaborador no están alineados.

Además, el fiscal está obligado a firmar un preacuerdo que establece los beneficios que el colaborador recibirá antes de que se pueda corroborar la información proporcionada. Este ensamble culmina en un proceso más complejo y prolongado, especialmente en el caso de las colaboraciones realizadas por personas jurídicas.

Expertos e instituciones han criticado con vehemencia este nuevo desarrollo en la legislación contra el crimen organizado de Perú, alertando de las graves consecuencias que conllevará la imposición de estas restricciones. La decisión ha sido vista como un gran revés en la lucha contra el crimen organizado, afectando tanto a casos de corrupción, narcotráfico, terrorismo, extorsión, minería ilegal y trata de personas.