Ayacucho: Menor de edad intentó asumir como personera de Fuerza Popular

La participación de una adolescente en el proceso electoral de segunda vuelta generó alerta en las autoridades electorales en Ayacucho. Este hecho se dio en la mesa 009476, del colegio María Parado de Bellido, cuando la menor menor intentó ejercer de fiscalizadora sin cumplir requisitos. 

Intervención ante irregularidad electoral

Según La República, el primer intento de la adolescente resultó fallido debido a que carecía de su Documento Nacional de Identidad. Posteriormente, al presentar una fotografía de su identificación, los miembros de mesa confirmaron que tenía 16 años, lo que derivó en la intervención de la ONPE.

La normativa peruana es estricta al señalar que, para ser personero, es obligatorio tener la ciudadanía vigente. Al ser menor, la joven no puede firmar actas ni fiscalizar el escrutinio, procesos que requieren obligatoriamente la mayoría de edad según la Ley Orgánica de Elecciones nacional vigente.

Según la normativa electoral, la presencia del personero es fundamental para preservar el orden, además establece con claridad de que las funciones de representación política son un derecho exclusivo de los ciudadanos mayores de edad, descartando así la posibilidad de participación de menores de 18 años.

Alcance de la personería nacional

La agrupación de Keiko Fujimori informó un despliegue nacional superior a los 95 mil personeros. Este personal tiene el encargo formal de representar los intereses partidarios, supervisando cada etapa del sufragio, desde la instalación de las mesas hasta el conteo final de los votos en las urnas.

Los personeros fungen como garantes del control político en los locales de votación, permitiendo que las organizaciones vigilen la transparencia del proceso. Su labor incluye la presentación de impugnaciones cuando se detectan irregularidades, siempre bajo el amparo de la ley electoral que rige estos comicios nacionales.

La vigilancia de estos agentes es vital para sostener la confianza ciudadana durante el desarrollo de la segunda vuelta. No obstante, dicho despliegue debe ajustarse siempre a los protocolos establecidos, evitando involucrar a personas que no reúnan los requisitos legales mínimos para desempeñar cargos de fiscalización electoral.

Este incidente en Huamanga expone los desafíos en la fiscalización de las mesas de la segunda vuelta electoral. La normativa electoral exige ciudadanos mayores de edad para garantizar la validez de los actos, siendo imperativo que los partidos respeten estas condiciones para asegurar la transparencia democrática nacional en todo el territorio.